Por resolución del Consejo de la Judicatura (CJ)), es obligatorio desde este año, para los jueces de todo el país el uso de la toga, ese traje principal exterior y de ceremonia, que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario de leva y corbata. Según la presidenta del C.J., el atuendo representa el protocolo y la solemnidad que los administradores de justicia deben observar en los actos de juzgamiento y les recordará “la más alta delegación que entrega el Estado en sus manos”. Así, en una ceremonia especial, los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dieron inicio a la institucionalización del uso de la toga, ocasión en la que la Presidenta destacó que la imposición del atuendo restablece la confianza en el sistema de justicia. “Retomamos una tradición que hace honor a nuestra sublime profesión”, dijo.
Sería ingenuo pensar que la investidura de la toga “recupera la confianza” en el sistema judicial y garantiza procesos sin corrupción porque como dice el refranero popular, “El hábito no hace al monje”. Los médicos, policías, militares, camareros, bomberos y hasta el personal de supermercados llevan un traje que los distingue, los vincula a una marca o a una profesión, pero no los hace más eficientes y eficaces ni más honestos. El hábito religioso se considera un signo de consagración, y el acceso a la vía espiritual que conlleva la renuncia de placeres mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero la realidad, en muchos casos, demuestra todo lo contrario como la del cura Tuárez, expresidente del CPCCS, o del cura Cordero de Cuenca, contumaz violador de niños. Porque al fin y al cabo, como dice otro refrán de la sabiduría popular, “La mona aunque de seda se vista, mona se queda”.
La iniciativa de la toga y los collarines sea bienvenida siempre que se asuma que la justicia es la piedra angular de la democracia y de los estados de derecho; porque si falla, si no es objetiva e imparcial, si su ejercicio no se encuadra en lo que establece la Constitución y el conjunto de leyes y regulaciones y se va por los atajos de la corrupción y de los compromisos políticos, las consecuencias repercutirán gravemente en la sociedad, en los sistemas políticos, en la democracia y hasta en el bienestar y vida de individuos y colectividades.
