El empleo debe defenderse con el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas en el país.
Los miembros de la Federación Único de Afiliados y jubilados del Seguro Campesino de Chimborazo ante la situación difícil que vive el país, presentan una serie de inquietudes a las autoridades y sobre todo al Gobierno Nacional, señaló el dirigente Mesías Ugsiña Veloz.
Explica, que la medida que se toma por parte de las autoridades es antipopular, sobre todo en este período de confinamiento, los trabajadores y el pueblo viven una crítica situación.
Añade que es notorio el descontento de los trabajadores y profesionales de la salud, también el descontento por los cientos de trabajadores despedidos.
Explica que es notoria la protesta de los estudiantes y trabajadores de las universidades por el recorte de su presupuesto, eso evidencia el estado de ánimo del pueblo, “El descontento popular rebasa el confinamiento”.
Es penoso escuchar que el Gobierno cada semana adopta medidas que afecta a los sectores populares y por ello hay el rechazo inmediato; el pago de la deuda externa fue una medida que no se debió tomar.
El proyecto económico urgente enviado por el Presidente a la Asamblea Nacional es antipopular e inconstitucional que afecta a millones de ecuatorianos, es importante que se tome en cuenta pues el que más tiene más debe aportar.
La solidaridad y justicia deben ir de la mano, la emergencia no debe ser pretexto para imponer paquetazos a los trabajadores y sectores medios del pueblo ecuatoriano.
Una de las propuestas que presentan es el aporte de 1026 millones por la contribución de las grandes empresas y la banca, también 320 millones por impuesto del 2% a las personas con patrimonio declarado superior al millón de dólares, según el SRI son 5 mil personas millonarias que deberían aportar.
Explica que con esta contribución ningún banco, las empresa telefónica, mineras, agroindustriales no quebrarían y se contaría con 1344 millones para dinamizar la economía.
Es importante apoyar a hogares pobres, a las pequeñas y medianas empresas, sin reducirse sustancialmente el ingreso de los trabajadores y sectores medios.
Finalmente expresa que se debe recaudar al menos el 10% de lo robado y así contar con recursos sobre todo para equipar la salud.(09)
