JUSTICIA
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, participó este 17 de febrero de 2025 en la inauguración del “Seminario internacional de formación en materia de lavado de activos y extinción de dominio”, que se desarrolla en Quito.
Este encuentro, que es el resultado de la cooperación entre Ecuador e Italia y que tiene el respaldo del programa “Ítalo – Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad y Justicia del Ecuador”
(ItaJus), busca capacitar a jueces, servidores de la Corte Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública y Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en acciones para combatir los delitos que afectan a la estabilidad democrática.
“El intercambio de experiencias con sistemas judiciales avanzados, como el italiano, nos permitirá reforzar la capacidad de respuesta del sistema legal ecuatoriano”, sostuvo el doctor Godoy, quien también fue parte del panel denominado “Retos y desafíos en la judicialización del delito de lavado de activos en Ecuador”.
En ese sentido indicó que entre 2023 y 2024, se registraron más de 8000 participaciones en 18 cursos nacionales enfocados en la actualización y fortalecimiento de competencias en la lucha contra el lavado de activos. Asimismo, se registraron 3348 participaciones en capacitación especializada gracias a la cooperación internacional.
Adicionalmente, resaltó que en el país trabajan 23 jueces especializados en el combate a la corrupción y al crimen organizado. En los dos últimos años, ellos han resuelto 92 causas relacionadas con lavado y delitos conexos. En 2023, el porcentaje de resoluciones alcanzó el 79% y el 2024 cerró con el 87%.
“Por eso es fundamental el intercambio de ideas. Seminarios, como estos, son fundamentales para avanzar en la construcción de una justicia más eficiente, íntegra y comprometida con la ciudadanía”, señaló el Presidente del Consejo de la Judicatura.
El embajador de Italia, Giovanni Davoli, en tanto, indicó que estos encuentros, fortalecen la lucha contra las mafias. “Permiten diseñar políticas públicas más efectivas, reforzando las instituciones y reduciendo la posibilidad de una filtración del crimen organizado”.
