A diario, nuestras autoridades no dejan de sorprendernos, pero para mal. Son más disentimientos que acuerdos a los que llegan y, como ya nos han advertido, Ecuador vive una grave crisis de institucionalidad.
Ayer, nos llegaba la sorpresa de que el COE oficiaba al Consejo Nacional Electoral los protocolos de bioseguridad para las elecciones generales del 7 de febrero, entre las que se ordenaba que todos los miembros de las Juntas Receptoras del Voto debían presentar una prueba PCR negativa para COVID-19, para ingresar a los recintos electorales. Luego, el CNE, en un boletín, decía que esos protocolos no están aprobados por su organismo. Un poquito después, asomó el Ministerio de Salud a decir que sí, que efectivamente, las pruebas PCR no son obligatorias para los delegados a las Juntas del Voto. Al final, como es casi imposible saber si manda o dirime el Presidente, el COE, el CNE o el TCE, habrá que esperar si algún comunicado de carácter urgente nos precisa algo mañana, o pasado.
Sabemos que disentir -en consecuencia pensar distinto- es procedente y productivo. No se necesitan las mismas ideas, solo el mismo respeto. El problema es cuando piensan distinto, discrepan y luego jamás aclaran o llegan a acuerdos, pues la zozobra se encarga de absorber a los comunes.
