CONFLICTO.
En Alausí, un mayor de la Policía Nacional fue sometido a la justicia indígena por parte de los moradores del cantón, luego de negarse a entregar a tres sospechosos de robo detenidos por la policía. El suceso, que ocurrió el domingo 5 de enero, puso en evidencia la tensión existente entre las autoridades y la comunidad local, que intentó hacer justicia por mano propia.
Los tres hombres fueron detenidos tras un operativo policial que permitió la recuperación de varios teléfonos celulares robados. Según versiones preliminares, los sospechosos habrían asaltado a varios ciudadanos durante la tarde del mismo día, utilizando un arma de fuego para intimidar a sus víctimas. La rápida intervención de la policía permitió la captura de los delincuentes, quienes fueron trasladados a las instalaciones policiales de Alausí.
Sin embargo, los habitantes del cantón, indignados por los robos en su comunidad, exigieron que los sospechosos no fueran tratados conforme a la ley, sino que fueran entregados para ser sometidos a la justicia indígena. Ante esta presión, el mayor Nicolai Fabricio Novillo, quien estaba a cargo del operativo, se negó a ceder ante las demandas de la multitud.
A pesar de los intentos del mayor Novillo por explicar que los detenidos serían presentados ante un juez al día siguiente, la comunidad reaccionó de manera violenta. Los moradores, visiblemente enfadados, lo rodearon y lo forzaron a caminar descalzo por las calles, en una demostración de desprecio hacia la autoridad.
Para aumentar la humillación, los agresores le aplicaron ortiga en la piel del uniformado, una práctica que, según algunos, es utilizada como una forma de castigo tradicional.
En horas de la noche del mismo día, el mayor Novillo fue finalmente liberado por los moradores, quienes, al parecer, decidieron poner fin a la humillación tras un largo período de tensión. La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.
El episodio ha puesto de manifiesto el creciente malestar de la población ante la inseguridad en la región y la falta de confianza en las autoridades locales para garantizar la justicia.
