CASO METÁSTASIS
Desde las prisiones de Ambato y Latacunga, los exfuncionarios judiciales Mayra Salazar y Álex Palacios han solicitado acogerse al régimen semiabierto para salir anticipadamente de prisión. Ambos fueron sentenciados a 15 meses de cárcel tras aceptar cargos de delincuencia organizada en el caso Metástasis, que desmanteló una red de corrupción judicial vinculada al narcotraficante Leandro Norero.
Salazar, exrelacionista pública de la Corte del Guayas, y Palacios, exsubcoordinador jurídico de la Corte Nacional, presentaron sus solicitudes el 30 de septiembre de 2024, días después de haber cumplido el 60% de su condena. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este requisito los habilita técnicamente para acceder al régimen semiabierto, aunque una reforma legal de 2019 prohíbe este beneficio para quienes fueron sentenciados por delitos como delincuencia organizada.
Audiencia en curso
El caso de Álex Palacios ha avanzado más rápido. Su audiencia está programada para el 7 de enero de 2025 en la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga. La jueza Ana Sánchez Tapia, encargada del proceso, solicitó previamente certificaciones sobre el cumplimiento de los pagos de multas, reparación integral y publicación de la sentencia en medios de comunicación. Palacios aún debe realizar las disculpas públicas requeridas como parte de su sentencia.
Por su parte, el trámite de Mayra Salazar enfrenta retrasos debido a su traslado de la cárcel de Latacunga a la de Ambato en noviembre de 2024. El juez Christian Rodríguez, asignado al caso en la nueva jurisdicción, ya recibió la certificación de que Salazar no tiene procesos legales adicionales pendientes, pero aún no ha convocado a la audiencia que definirá su situación.
Contexto del caso
El caso Metástasis evidenció una trama de corrupción judicial que favorecía la impunidad de Leandro Norero y sus allegados. Salazar y Palacios, junto a otros involucrados, se acogieron al procedimiento abreviado, admitiendo su participación a cambio de una sentencia reducida. Además, al colaborar con la Fiscalía General del Estado, lograron reducir aún más su pena inicial de tres años y cuatro meses a solo 15 meses.
Ambos permanecen detenidos desde diciembre de 2023 y, de no obtener prelibertad, cumplirían su condena completa en marzo de 2025. Sin embargo, la posibilidad de salir antes de tiempo ha generado cuestionamientos debido a la gravedad de los delitos y las restricciones legales vigentes.
Mientras tanto, otros implicados en el caso, como Helive Angulo, conocido como “Estimado”, han optado por recursos distintos, solicitando únicamente ser notificados al finalizar su pena. El resultado de las solicitudes de Salazar y Palacios podría marcar un precedente para la interpretación de los beneficios penitenciarios en casos similares.
