CRISIS
El apagón nacional programado para el 18 de septiembre de 2024, originalmente previsto como una interrupción de ocho horas, ha sido reevaluado. Antonio Goncalves, ministro de Energía y Minas, anunció que los cortes de energía serán más cortos de lo inicialmente indicado, buscando minimizar el impacto en la población y en el sector productivo.
Según sus declaraciones, los apagones no serán generalizados y tendrán una duración de tres a cuatro horas en la mayoría de las zonas, aunque en algunos sectores de Quito, como Luluncoto, Chilibulo, San Roque y Miraflores, la suspensión del servicio se extenderá hasta cinco horas, generando preocupación entre los residentes.
La programación de los cortes, que se llevará a cabo entre las 22:00 y las 06:00 del día siguiente, tiene como objetivo realizar mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas críticas como Macas (Morona Santiago), Santa Elena (Santa Elena), Milagro (Guayas) y Molino (Azuay).
Goncalves subrayó que las interrupciones no afectarán áreas estratégicas como hospitales y plantas de agua potable, asegurando que los servicios esenciales se mantendrán operativos.
#ENTREVISTA | "No es un corte de energía masivo. En esas ocho horas se harán cortes de dos hasta cuatro horas dependiendo del lugar", afirmó Antonio Gonçalves, ministro de Energía https://t.co/gv2L0zzWi5 pic.twitter.com/skBq8hG8GJ
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La Empresa Eléctrica de Quito publicó los horarios específicos de los cortes en los diferentes sectores antes del mediodía, brindando a los ciudadanos la oportunidad de prepararse para la falta de electricidad.
Sin embargo, la variación en la duración de los cortes en diferentes zonas ha generado incertidumbre y malestar entre los usuarios, quienes esperaban una interrupción más corta.
En medio de esta crisis energética, el ministro Goncalves anunció que el “bombardeo de nubes” ya ha comenzado como una medida para combatir la sequía que afecta la generación hidroeléctrica, y se espera que los efectos de esta intervención se vean en una semana.
#ENTREVISTA | Antonio Gonçalves: "Cada semana analizaremos si se realizarán apagones. Tenemos varias medidas" https://t.co/gv2L0zzWi5 pic.twitter.com/4L1bnLk2oM
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Además, se prevé la llegada de una nueva barcaza con capacidad para generar 200 megavatios de electricidad en octubre, la cual se sumará a otra que comenzó a operar esta semana con 100 megavatios.
Estas acciones forman parte de un plan más amplio del gobierno para adquirir 1.200 megavatios de energía adicional, que incluye el alquiler de una tercera barcaza y la puesta en marcha de una central térmica.
El funcionario también destacó que se ha completado la interconexión con Perú, permitiendo importar hasta 900 megavatios de electricidad, lo que ofrecerá un alivio parcial a la situación. Sin embargo, la restricción de la venta de energía eléctrica por parte de Colombia, debido a una tarifa aplicada a la generación con combustible líquido, ha complicado las opciones de suministro.
La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de diversificar la matriz energética del país y de implementar soluciones a corto y largo plazo.
#ENTREVISTA | Antonio Gonçalves sobre la militarización de hidroeléctricas: "Pasan cosas raras (…) Veo todo eso y tengo que cuidarme" https://t.co/gv2L0zzWi5 pic.twitter.com/MqlktsWEAx
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Goncalves mencionó proyectos como Cardenillo, que involucra la participación de una empresa minera, y la conclusión del proyecto Toachi Pilatón como parte de los esfuerzos para estabilizar y mejorar la capacidad energética de Ecuador.
Los apagones y la crisis eléctrica en general han generado preocupación tanto en la ciudadanía como en el sector productivo.
Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, temen las pérdidas económicas y la interrupción de sus actividades, mientras que la población en general muestra inquietud por los posibles efectos en su calidad de vida y seguridad.
El gobierno de Daniel Noboa se encuentra bajo presión para implementar medidas efectivas y rápidas que mitiguen los efectos de la crisis energética.
La reducción de la duración de los cortes es un paso positivo, pero la situación requiere soluciones más profundas y sostenibles para evitar mayores impactos en el país.