José Carlos García Fajardo
El Papa Francisco admitió hace unos días la posibilidad del uso de anticonceptivos para evitar el contagio del virus del zika y recordó que Pablo VI permitió a las monjas del antiguo Congo belga “usar anticonceptivos para casos en los que fueran violadas”. O esto está mal traducido o el Papa debió decir para evitar la concepción “por si fueran violadas”. También lo hizo Benedicto XVI en 2010 en el uso de preservativos “en algunos casos”. Pero si una mujer fuera violada, o embarazada contra su voluntad o para evitar el contagio de su pareja enferma de Enfermedades de Transmisión Sexual o una grave enfermedad contagiosa, ni en muchos otros casos recomendaban/imponían la abstinencia sexual como único “método” anticonceptivo.
La Conferencia de El Cairo de 1994, que alertaba sobre la explosión demográfica, definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas para proporcionar a las mujeres poder decidir sobre su maternidad. Confesiones integristas condenaron esos supuestos “derechos”. Felizmente, la sexualidad se ha separado de la reproducción. En muchos países métodos como el Ogino o la “marcha atrás”, son la única opción para 500 millones de mujeres que no pueden acceder a una contracepción moderna: preservativos o anticonceptivos hormonales, píldoras, implantes, parches, o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de la arbitrariedad de sus parejas.
El uso de procedimientos para evitar la procreación no se despenalizó en España hasta 1978. Se autorizó la venta de condones y de la píldora anticonceptiva con receta médica; un método que hoy, con más de 18 millones de envases dispensados al año en farmacias, es el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo.
La contracepción estaba prohibida para todos. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de la píldora, introducida en Europa en 1961, estaba penado con arresto y elevadas multas. Un hombre que vendía preservativos fue condenado y en la sentencia se daban las causas del delito “vocación al vicio” y “ofensa a la moral pública”.
Aún así, algunas organizaciones de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían de contrabando o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”, como subrayó Francisca Sahuquillo. En España, un 65% de las mujeres en edad fértil o sus parejas sexuales emplean métodos modernos; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas.
Mil quinientas adolescentes españolas dan a luz cada año —y unas 15.000 interrumpen su embarazo—, el 35% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo. Las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública.
El coste de los anticonceptivos es un escollo, pero el problema es la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás. Ayuda a atajar embarazos no deseados, abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual. Muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica, pero también influye la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. No sólo contra el aborto, sino contra la contracepción, y contra la educación sexual.
El proyecto de ley del aborto propugnado por el PP habría hecho retroceder a España tres décadas en derechos reproductivos. Eliminaba la opción de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo y permitirá el aborto solo por violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. Esta ley suponía un alejamiento de los modelos de la mayoría de la Unión Europea, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo.
En España no hay educación sexual en el currículo educativo. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió de cuajo. Y esto ante la más letal arma de destrucción masiva, la explosión demográfica. En 1914 la población era de unos 1.200 millones de personas; en ese mismo siglo, en 2000, llegamos a 7.000 millones y en estos días ya hemos superado los 7.500 millones de seres pero ni el Papa, ni la ONU, ni la Unión Europea ni otras Instituciones y Agencias tratan estos temas como de imperiosa urgencia.
