Luego de seis meses de espera, a las 14:00 de este 29 de junio se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra Ola Bini, por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Al cabo de una hora, y tras analizar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, la jueza penal de Pichincha, Yadira Proaño, llamó a juicio al ciudadano sueco.
Bini fue arrestado el pasado 11 de abril de 2019 en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, cuando se disponía a abandonar el país con destino a Japón. La detención se produjo instantes después de que el gobierno ecuatoriano anunciara el fin al asilo que se otorgaba a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien permanecía en la embajada en Londres. Bini es amigo del hacker australiano.
Al inicio del proceso el ciudadano sueco fue señalado por el delito de piratería informática, pero después la Fiscalía redujo la gravedad de la acusación a la de acceso no consentido, por el cual ahora Bini es llamado a juicio.
La audiencia preparatoria se llevó a cabo a finales de diciembre de 2020. Desde entonces, han transcurrido una serie de episodios que dilataron aún más el proceso.
El pasado 27 de junio de 2021, el abogado defensor de Bini, Carlos Soria, publicó en Twitter que en los 188 días de espera por la audiencia su cliente “ha sido perseguido y espiado, sus derechos violentados y se le ha denegado un proceso justo”.
Soria añadió que el 22 de junio la defensa decidió interponer una demanda de recusación en contra de la jueza Proaño. Una hora después, indica el abogado, la jueza recusada convocó a la reinstalación de la audiencia.
“De existir justicia en el Ecuador, a nuestro cliente se le debería declarar sobreseído del delito que se le acusa, pues no olvidemos que el Estado Ecuatoriano primero lo señaló por hacer acciones de desestabilización en contra del Gobierno de Lenin (Moreno), luego al no poder probar esto como ofrecieron que lo harían, lo procesaron por hackear sistemas informáticos, acusación que tampoco prosperó y ahora se lo acusa de acceso no consentido a un sistema informático, delito que no puede ser probado puesto que nunca existió tal acción”, expresó Soria. (01)
