Por: Rosalía Arteaga Serrano
Según los indicadores de la ONG Transparencia Internacional, que mide el Índice de Percepción de la Corrupción, la mayor parte de los países de Latinoamérica nos encontramos en los más bajos escalones, con el negativo liderazgo de Venezuela que tiene 10 puntos sobre 100, a diferencia de los tres países de América del Sur que exhiben datos más alentadores, así, Uruguay con 73, Chile con 63 y Costa Rica con 58.
Estar por debajo de 50 es preocupante, lo que indudablemente deja mal al Ecuador, con sus 32 puntos, e indica que los ecuatorianos estamos preocupados por los bajos índices de transparencia y de percepción de la corrupción en nuestro medio.
La corrupción no se encuentra solamente en el sector público, sino que campea en el sector privado. En los grandes casos de corrupción investigados por la Fiscalía General del Estado, se evidencia que hay beneficiarios y corruptores privados, lo que indica que el clima de la honestidad, de la decencia en los negocios, trámites y transacciones no se encuentra muy bien.
La justicia y la educación son fundamentales para incidir en el comportamiento de los ciudadanos. La justicia, porque solamente con jueces probos, con leyes adecuadas, va a encararse la lucha contra la corrupción de una manera adecuada. Y por otro lado, la educación es la que forma a las personas transforma a los educandos en buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y conscientes de su deber en medio del conglomerado social en el que le ha tocado vivir.
Al expandirse como una suerte de metástasis, la corrupción corroe el tejido social, hace que impere la ley del más fuerte, del más corrupto, del más sabido y abusador, mientras que cuando hay el imperio de la ley, observamos mejorar el tejido social de un país.
Un país con elevados índices de corrupción es también un país con baja autoestima y esto incide de manera real y verificable en el comportamiento de los ciudadanos, su sentido de pertenencia y de posibilidades de real progreso./ La Hora
