El primer día del Quitofest 2024, uno de los eventos emblemáticos de las Fiestas de Quito, se convirtió en el centro de una acalorada polémica. Durante la presentación del grupo Mugre Sur, un colectivo de rap y hip-hop de Chillogallo, se realizó un acto simbólico que generó amplias reacciones: un muñeco de cartón, que representaba al presidente de la República, Daniel Noboa, fue ahorcado como parte de su perfomance.
El hecho no tardó en viralizarse, provocando un debate en redes sociales que rápidamente trascendió al ámbito político. El concejal Michael Aulestia solicitó públicamente que el secretario de Cultura, Jorge Alexander Cisneros, comparezca ante el Concejo Metropolitano el próximo 10 de diciembre. Aulestia cuestionó cómo se organizó el Quitofest y el uso de fondos públicos destinados al festival, calificando el acto de Mugre Sur como “grotesco y aberrante”. Además, insinuó que podrían haberse cometido delitos, aunque no especificó cuáles.
Por su parte, el concejal Wilson Merino fue más contundente y exigió la renuncia de Cisneros, argumentando que el secretario debe “estar a la altura del cargo” y subrayando la necesidad de promover una cultura de paz en lugar de actos que fomenten la violencia. Merino pidió al alcalde Pabel Muñoz tomar acciones inmediatas.
El Ministerio de Cultura también se pronunció mediante un comunicado en el que expresó su preocupación por cualquier manifestación que incite a la violencia. “Espacios como el Quitofest deben promover la convivencia pacífica y el diálogo, no el odio ni la división”, señaló la entidad gubernamental.
Mugre Sur, activo desde el año 2000, es conocido por sus letras crudas y presentaciones cargadas de simbolismo social y político, que a menudo incluyen teatralizaciones y lenguaje de señas. El colectivo ha sido previamente apoyado por el Municipio de Quito, presentándose en octubre pasado en el Teatro México como parte de un proceso de coproducción de la Fundación Teatro Nacional Sucre.
El debate en torno a este incidente ha puesto bajo escrutinio tanto la organización del Quitofest como la responsabilidad de los artistas en eventos financiados con recursos públicos, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre la expresión artística y las implicaciones políticas.
