Por: René G. Ortiz
El campo petrolero Sacha, descubierto por el Consorcio Texaco-Gulf a principios de 1970, está operativo desde hace más de 50 años y los estimativos de continuar muy activo son alentadores. Por lo general un campo petrolero es tan ejemplar, que extrae con la energía propia del yacimiento muchos de los barriles de los primeros años. Con técnicas de recuperación primaria, la industria consigue extraer porcentajes que fluctúan entre 20 y 25%, dejando dentro del yacimiento millones de barriles de petróleo. Pero la ciencia y la tecnología aplicada en la exploración y producción de petróleo y gas natural ha logrado aumentar los porcentajes de extracción hasta el 48-50%, con métodos conocidos como producción secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Es decir, que el petróleo y el gas natural, ahora denominados combustibles de origen fósil, se guardan en las entrañas del subsuelo hasta que los científicos logren encontrar un método para extraerlo todo.
Para el caso del campo Sacha, los estimativos señalan que de este yacimiento se podrían extraer unos 25 a 30 mil barriles adicionales a su producción de petróleo actual de 75 mil barriles de petróleo por día, para sumar 100 mil barriles diarios a futuro que, una vez en el mercado, serían de una enorme ayuda para equilibrar la casi vacía caja fiscal.
Aumentar la producción fue el objetivo en el Gobierno de Correa, Moreno y Lasso. Ahora, para el presidente Daniel Noboa, el aumento de la producción petrolera del campo Sacha también es una necesidad para cubrir, en parte, el déficit presupuestario que acarrea desde 2023. A esta situación hay que sumarle el combate contra el crimen organizado que es nueva cuenta de gastos de inversión que, sumada a los fondos que necesita para arreglar los destrozos de la infraestructura pública nacional causados por la dura temporada lluviosa y La Niña – le deben estar “rompiendo la cabeza” pensando de dónde sacar dinero para atender estas demandas.
La concesión a manos privadas del campo Sacha está concebida exactamente con los mismos propósitos de las administraciones de los gobiernos anteriores que también intentaron delegar el proyecto a inversionistas internacionales calificados, para aumentar y mejorar la producción.
Pero el proceso de concesión a privados ha desatado una polémica –en pleno proceso electoral-; todos los ‘antis’ confabulan para desprestigiar el proceso llevado adelante por el Ministerio de Energía. ¿Es legal?, preguntan muchos y la respuesta es sí. ¿Es legítimo? la respuesta es sí. La legitimidad no la da ni el poder Legislativo ni el Judicial, solamente el Ejecutivo, donde el Ministerio de Energía enlaza la urgencia económica fiscal con adjudicación sin licitación, a un consorcio encabezado por una estatal petrolera china, dentro de la normativa vigente de una relación Gobierno-Gobierno. La misma norma, ¿fue utilizada por un Gobierno anterior?, la respuesta es sí. Otra polémica desatada sobre la concesión del campo Sacha es si es o no beneficiosa para el Estado, y la respuesta es sí. El abono de $1.500 millones para fondear la vacía caja fiscal lo justifica.
