Prefectura desmiente situación laboral de un grupo de trabajadores

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Autoridades de la Prefectura de Chimborazo, califican de inacertados los testimonios emitidos por parte de un grupo de trabajadores de la institución, en relación a su situación laboral y una supuesta deuda que mantiene el Gobierno Provincial por concepto de algunos haberes incumplidos.

Romel Martínez, director de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Chimborazo se refirió a la supuesta situación laboral que atraviesa un grupo de trabajadores.

Los empleados que forman parte del Sindicato de Trabajadores Unidos, denunciaron públicamente que, hace más de un año, cerca de 60 trabajadores se encuentran sin cumplir funciones,  y a la espera de alguna disposición de trabajo por parte de las autoridades, por lo que diariamente se concentran en los talleres de la institución.

Al respecto, Romel Martínez, director de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Chimborazo, indicó que las declaraciones buscan descontextualizar la realidad que atraviesa esta área de la institución. Acotó que, si bien los trabajadores aguardan en los talleres, se debe principalmente a que la maquinaria o vehículos que operan o están a su cargo, están sin funcionar: “No son 60 funcionarios como dan a entender a la opinión pública. Son alrededor de 10 personas, sin embargo, han servido para suplir al resto de sus compañeros mientras se repone la maquinaria”.

Al respecto, Romel recalcó que la maquinaria pesada en su gran mayoría esta operativa, sin embargo, hay vehículos que han cumplido su vida útil, y desde la institución se trabaja en el tema: “existe una programación, y se ha adquirido cerca de 40 nuevos equipos que vienen a fortalecer algunas áreas  y a ser parte de los activos del Gobierno Provincial, y  se reflejarán en la obra pública”.

Respecto a una supuesta deuda retroactiva que mantiene la  institución con un grupo de trabajadores, autoridades explicaron que actualmente existen dos sindicatos en la institución: uno que fue creado hace casi 20 años, cuyos miembros sindicalistas firmaron un contrato colectivo donde se estableció el pago de haberes; y, un nuevo sindicato,  creado hace unos meses, cuyos miembros pretenden gozar de los mismos beneficios que dicta el contrato colectivo firmado en 2002, cuando aún esta segunda organización no existía.

“Nosotros como institución hemos actuado bajo la legalidad, sin atentar contra los derechos de nuestros trabajadores, mucho menos desconociendo lo que la ley establece, en un pliego de peticiones solicitan el pago de casi medio millón de dólares, algo que está totalmente fuera de lugar y carece de toda legalidad y lógica”.

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