En el Hospital General del IESS Riobamba, los médicos ya no solo luchan contra las enfermedades. Ahora también enfrentan una batalla silenciosa pero constante: la de operar sin insumos, recetar sin medicinas y atender pacientes con las manos atadas. Una lucha que, después de meses de silencio institucional, decidieron llevar a la luz pública.
La Asociación de Profesionales Médicos del hospital levantó la voz a través de un oficio dirigido a las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con fecha 31 de mayo de 2025.
El documento, firmado electrónicamente y remitido por canales oficiales, alerta sobre una situación que califican de crítica y peligrosa: la escasez total de medicamentos, dispositivos médicos y materiales básicos necesarios para brindar una atención digna y segura.
Pero la denuncia va más allá de la falta de recursos. Según exponen, lo más alarmante es que se estarían emitiendo disposiciones verbales sin respaldo escrito, para que los médicos pidan directamente a los pacientes o sus familiares que compren los insumos en farmacias externas, incluso en casos de cirugías o procedimientos de urgencia.
Una medida que, de confirmarse, no solo rompe con toda normativa sanitaria, sino que también coloca a los profesionales de salud al borde de consecuencias legales severas. En el oficio, los galenos detallan los peligros concretos que esto implica: el abandono de tratamientos por falta de recursos, intervenciones realizadas con materiales sin garantía sanitaria y la eventual comisión de delitos como mala práctica médica, negligencia profesional o incluso homicidio culposo, según la gravedad de los casos.
Los profesionales no solo exponen la denuncia, también formulan exigencias claras: que el IESS prohíba de forma inmediata la orden de enviar a los pacientes a comprar insumos por su cuenta; que se activen auditorías internas urgentes; que se convoque una mesa técnica de emergencia con participación de todos los actores involucrados; y que cualquier directriz institucional se formalice por escrito.
Finalmente, lanzan una advertencia directa: si no reciben una respuesta oficial en un plazo razonable, se acogerán al principio de silencio administrativo positivo, una figura legal que les permitirá respaldar futuras acciones judiciales en defensa de sus derechos y de los pacientes.
