Carlos Moreno Arteaga
Gracias a la presión ejercida por padres y madres de familia, el Estado ecuatoriano se vio obligado a reconocer una de las problemáticas más perversas al interior del sistema educativo: el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, cuyas cifras registradas en el Ministerio de Educación desde el año 2014 al 2017 bajo las administraciones de Augusto Espinoza (actual asambleísta) y Fredy Peñafiel, llegaron al escalofriante número de 561.
De esta vergonzante cantidad, solo a 256 individuos -a los que no se les puede llamar maestros- se les instauró sumarios administrativos con inconcebibles y despreciables resultados: 75 recibieron sanciones temporales que no pasaban de 70 días de suspensión, mientras que 181 casos fueron archivados; es decir, ni siquiera los casos sancionados tuvieron una pena correspondiente con la magnitud de los hechos. La pregunta que nos surge es, ¿qué estructura perversa, que condiciones vergonzosas, que individuos inconscientes permitieron que esto suceda?
Revisando los acontecimientos nos encontramos con algunos datos que nos pueden ayudar a entender este trama del horror: En el año 2012, la ex Ministra de Educación Gloria Vidal emitió el acuerdo 0555-12 mediante el cual se instauró un mal llamado “código de ética” que prohibía a todos los funcionarios del sistema educativo, a difundir noticias o problemas de sus establecimientos o del Ministerio del ramo sin la autorización expresa de la máxima autoridad. Esta “herramienta perfecta” al que muchos maestros le bautizaron como “código del silencio” o “código mordaza”, fue la que no permitió que las denuncias, no solo de abuso sexual escolar, sino también de las constantes violaciones de los derechos de los educadores y de las deplorables condiciones de las instituciones educativas, sean conocidas por la sociedad y por ende atendidas y resueltas.
Amparados en este marco “legal”, muchos de los individuos involucrados en estos execrables hechos, encontraron en la organización patronal de maestros y en ciertas autoridades obsecuentes con el régimen, el silencio indispensable para que no se conociera su actuación, como lo evidenciaron las imágenes cobardes en el Colegio réplica “Aguirre Abad” de Guayaquil. El Ministerio de Educación se vio conminado a reconocer un secreto a voces: el 70% de las autoridades de los establecimientos educativos (rectores, vicerrectores, inspectores y subinspectores), es decir 5.936 autoridades estaban encargadas y de estas, 4.174 no cumplían con el perfil indispensable para tan alta responsabilidad.
Aparte de los elementos descritos, hoy se cuenta con el informe elaborado por la comisión especial de la Asamblea conocida como “Comisión AMPETRA”, en donde se reconoce la existencia de responsabilidad política de los ex Ministros Espinoza y Peñafiel, pese a que el primero ya no podrá ser juzgado por la Asamblea, pues ha trascurrido el tiempo que determina la ley; de todas maneras, la conciencia de este mal funcionario le ha obligado a renunciar a la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, lo que constituye un importante paso, al igual que la reapertura de los 256 sumarios administrativos en los que se presume irregularidades.
Por eso es que volvemos a preguntarnos, ¿se les puede llamar educadores a estos individuos que no fueron formados para la “más noble de las profesiones”, que jamás la ejercieron, que solo la vieron como una oportunidad de tener trabajo, que los único que les importó es el mísero reconocimiento del patrón de turno?
