Hacia donde se mire en el país, saltan exigencias y disconformidades. La propuesta de un Ecuador del encuentro, que es el lema y la aspiración del presente Gobierno para darle dinamismo a la economía, se choca con esa frustrante realidad.
Ante la crisis, se clama por soluciones; pero casi nadie o muy pocos están dispuestos a aportar, a ceder. La crisis acentuada por el COVID no es privativa de un sector o de un país determinado. Incluso economías grandes, como la estadounidense, son afectadas por la inflación derivada de la subida del precio de los combustibles y las secuelas de la pandemia.
En Ecuador, los asambleístas de oposición, los transportistas, un sector del indigenado, varios colectivos sociales, incluso empresarios y hasta la clase media –cada uno desde su perspectiva– ponen reparos a las propuestas que consideran lesionan sus intereses. Pero de ese modo, solo se mantendrá el inmovilismo, que se agravará con el pasar del tiempo.
En Guayaquil, el gremio del trasporte público ha optado por una suspensión de actividades a medias, con lo cual no se lo puede acusar de paralizar el servicio, pero sí genera la suficiente molestia a la ciudadanía como para presionar a las autoridades locales en la búsqueda del incremento del pasaje en 10 centavos de dólar, con lo que pasaría de $ 0,30 a $ 0,40.
El argumento esgrimido por los propietarios de buses es que han sufrido pérdidas por la pandemia debido a la escasez de pasajeros durante el confinamiento. Habría que recordarles que la mayoría de la población también ha sufrido estragos en su economía a causa de la pandemia. Ahora que la ciudadanía vuelve a demandar el servicio de transporte, los propietarios de buses se permiten dejar sin operar el 50 % de sus unidades de transporte.
Para que la economía se recupere, requiere que sus engranajes funcionen en sincronía. Las dificultades podrán irse solventando en la medida en que unos y otros cooperen con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas con miras a desarrollar el crecimiento del país.
