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miércoles, octubre 9, 2024

Tungurahua se somete a una auditoría por parte de la Contraloría

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Desde el 27 de marzo de 2020, la Contraloría General del Estado inició acciones de
control sobre los procesos de contratación efectuados por varias entidades públicas.

El 17 de abril, el Contralor General, Dr. Pablo Celi, solicitó a la directora general
del Servicio Nacional de Compras Públicas, toda la información de los contratos suscritos para adquirir bienes, servicios, consultorías e ínfimas cuantías,
celebrados en los meses de marzo y abril de este año.

También se requirió al SERCOP que verifique la pertinencia de las contrataciones y el cumplimiento de la normativa vigente para la emergencia nacional, como las directrices presupuestarias para el segundo trimestre emitidas por el viceministro de Finanzas,
el pasado 16 de abril.

Las entidades intervenidas son:

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Los hospitales que administra, Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales

Las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas,
Petroecuador EP y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

En el seguro social también se observa la contratación de servicios comunicacionales para
el fortalecimiento de su imagen institucional.

Las auditorías se efectúan para determinar el cumplimiento de la normativa en las adquisiciones de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia;
compra de tractores e implementos para fumigación y desinfección; y adquisición de
kits complementarios de alimentos destinados a atender a la población.

En Ambato, el organismo de control examina la contratación realizada por el
Hospital Provincial General Docente de esta ciudad, para adquirir dispositivos
e insumos médicos, medicamentos y reactivos. 

Contralor aprobó y remitió a la Fiscalía un informe
con indicios de responsabilidad penal, por irregularidades detectadas en la adquisición
de indumentaria de protección para el personal médico del IESS. Este documento evidencia irregularidades en la compra de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos
de protección.

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