La noticia de que la Fiscalía General del Estado investigará al exvicepresidente Otto Sonnenholzner y a varios exministros en el gobierno de Lenín Moreno trascendió esta semana, por varios motivos, entre ellos por deslucida y extemporánea.
¿A “estas alturas” una investigación de oficio? La Fiscalía General del Estado está en su derecho de hacerlo. En esta ocasión, se refiere a un posible delito de peculado relacionado con la compra y venta de insumos para hospitales durante la pandemia causada por el Covid-19.
Pero, previo a la actuación de la Fiscalía, debió haber existido un examen de la Contraloría General del Estado, institución que con la renuncia de Pablo Celi y todo el escándalo del desvanecimiento de glosas ha quedado con su credibilidad por los suelos. Más de un año, acaso, ha tardado el organismo de control para entregar los informes de responsabilidad a la Fiscalía para que tome acciones. Tiempo demasiado largo para actuar y demostrar que hay un verdadero interés de justicia.
Incluso alcaldes de Chimborazo cuentan con procesos judiciales desde el año pasado por presunción de peculado, pero en el caso de quienes fungían como altos funcionarios cercanos a la administración de Moreno, que tenían responsabilidad y competencia directa, ha habido una demora dudosa.
Si este nuevo episodio de la política ecuatoriana no va por el camino del show mediático, enhorabuena. Desde mentir, la corrupción se vuelve una práctica habitual en el país. Ya es hora de que quienes tenga la potestad de actuar, lo hagan, para resarcir su credibilidad sobre los ecuatorianos. Justicia es la palabra que más deudas tiene en Ecuador.
