El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) había resuelto iniciar el proceso administrativo contra las rutas y frecuencias de buses de transporte entregadas en pandemia.
Tras un par de semanas de haber emprendido esa acción, la entidad ratificó la suspensión de 302 rutas y 1 632 frecuencias de transporte público, que fueron otorgadas entre marzo de 2020 a mayo de 2021.
En plena pandemia, cuando el país estaba confinado y el transporte público tenía aforo limitado, se aprobaron esos permisos para cooperativas de buses inter e intraprovinciales. Se trataba de una decisión insólita.
Las autoridades presumen que la principal causa de los siniestros fueron las interferencias y las competencias por pasajeros que se generaron, debido a la sobreoferta de transporte inter e intraprovincial.
Los documentos que avalan la decisión de la Agencia señalan que no hay registros de informes jurídicos que sustenten la pertinencia y requisitos para conceder los incrementos ni existe un plan nacional de rutas y frecuencias, condición obligatoria de acuerdo con la Ley de Tránsito.
Tras esta resolución, una de las principales preocupaciones de la población se orienta a esperar que no existan inconvenientes en la provisión del servicio de transporte, sobre todo en el ámbito interprovincial. La Agencia debe garantizar la cobertura en todo el país; sobre todo ahora, cuando se inicia un nuevo feriado.
Pero no solo se espera la suspensión de las mencionadas rutas y frecuencias. Es indispensable establecer responsabilidades y aplicar las sanciones que la ley determine en estos casos. Más aún, cuando por esa negligencia se han perdido decenas de vidas en las carreteras.
A partir de esta experiencia también es indispensable acelerar la elaboración de un plan nacional de rutas, con base en estudios y análisis técnicos. Ya se conoce que en estos temas priman intereses políticos.
