En Ecuador, con la Constitución de 2008, se incorporó la gestión de riesgos como una política de Estado. Desde esta fecha, a través de varias transiciones, se fue reformando y fortaleciendo la institucionalidad de la entidad rectora, en la actualidad llamada Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, hoy con rango de dirección, tiempo atrás de ministerio.
¿Por qué surge la urgencia y necesidad de recordar ese paso en los últimos años? Porque ni bien ha iniciado 2022, las lluvias y otros fenómenos han causado destrozos, en complicidad con el alto grado de exposición y vulnerabilidad que tienen varias ciudades del país.
Al cerrar el año pasado fueron Guano y Zaruma, sin olvidarnos de Chunchi. En enero el círculo de la tragedia continuó con el cantón La Maná, de Cotopaxi; y, con Quito, última en la que se contaban hasta ayer 24 muertos por un devastador aluvión.
Varias instituciones, entre ellas el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que eran las responsables de coordinar eventos adversos como el de Quito, solo han quedado para la foto. En el anterior gobierno les quitaron recursos y desemplearon a varios de sus funcionarios.
Toda la estrepitosa caída de Gestión de Riesgos inició desde que en el COE Nacional se le asignó la asesoría técnica al ECU 911, relegando a la entidad competente. Y al igual que en seguridad y en el sistema penitenciario, el presidente Guillermo Lasso no mueve un dedo por cambiar esa realidad.
Días difíciles, ya sin prevención, ni respuesta y con la amenaza de más lluvias, le toca vivir al país, hasta que las máximas autoridades del país abran los ojos y se percaten del alarmante debilitamiento en esta materia.
