El costo de la impunidad

Por: María Cristina Bayas

El mensaje que queda después del paro convocado por la Conaie es que cualquier ciudadano puede conseguir lo que se proponga si es que está dispuesto a utilizar la violencia. Esta sensación general aún podría revertirse una vez que Leonidas Iza sea juzgado por paralización de servicios públicos.

Sin embargo, la audiencia de juicio de Iza que debía ser el 4 de julio, no se instaló porque su defensa logró posponerla. La jueza del caso dijo que se consultará a la Corte Constitucional el pedido de otorgar un plazo adicional para que el abogado de Iza presente las pruebas. Este retraso podría interpretarse como un signo de futura impunidad.

Si la justicia y las autoridades están calculando el costo político de que Iza vaya a prisión, tal vez deberían calcular el costo social de que la ley sea reemplazada por fuerza, violencia y arbitrariedad.

Si el ciudadano que encabezó la manifestación durante la cual se cerró la producción petrolera, se impidió el paso de ambulancias, se contaminó el agua, se violaron derechos de ciudadanos y hasta se asesinó a un militar, no se hace responsable de sus actos, el mensaje de anarquía se instalará en nuestra sociedad.

¿Por qué pagaría un ciudadano común y corriente una multa por estacionarse mal o una pena por un delito si otro grupo de manifestantes pueden secuestrar a un país y quedar impune? ¿Por qué observar las reglas si es más fácil armarse y estar sobre la ley? También la justicia ecuatoriana debería preguntarse cómo sería de aquí en adelante el método de protesta social cada vez que un colectivo quiera “dialogar” con el gobierno, si la violencia se instala como un medio válido.

El sentido de justicia es algo inseparable del hombre y cuando se atenta contra ella el sentimiento de indignación nos inunda. El desconcierto que conlleva ser testigos de cómo se puede violar la ley y los derechos de los demás, no solo sin rendir cuentas, sino obteniendo a cambio beneficios en una mesa de negociación con el gobierno, tendrá un costo social.

Es cierto que en el acuerdo entre el gobierno y los movimientos indígenas no se contempló “que no se criminalice la protesta social” (léase: lograr impunidad), porque nada tiene que ver el poder ejecutivo con el judicial. También es cierto que, en el momento de la negociación, la paz valía más que los 350 millones de dólares adicionales que les costará a los ecuatorianos el subsidio del combustible. Pero no es cierto que la paz deba obtenerse siempre y a cualquier precio.

El costo de la impunidad de los violentos, por ejemplo, significaría la desconexión de los ciudadanos que quieren hacer el bien, con las normas que no los benefician en nada pero que ellos cumplen por el bien común. Porque a los niños se les enseña que hay cosas que deben hacer, aunque no les guste; que las normas se obedecen por el bien de todos, aunque ellas, a veces, les resulten incómodas.

Por eso, cuando jugábamos de pequeños nos levantábamos de la mesa con rabia cuando alguien hacía trampa. Porque la injusticia no es algo que los hombres inherentemente podamos soportar. El poder judicial de Ecuador aún está a tiempo de invocar las lecciones que nos enseñaron de niños para formar personas solidarias y para hacer país. Aún está a tiempo de salvar a los ecuatorianos de la indignación y de la anomia dándole a Iza lo que le corresponde: ni más, ni menos. Porque esa es la definición de justicia. Fuente: El Telégrafo