PROCESOS
Con una acción pendiente en la Corte Constitucional y tres asilos concedidos a sentenciados por el caso Sobornos, el correísmo apunta a la ONU cómo su último recurso para revertir la sentencia contra Rafael Correa y otros de sus líderes.
El lío diplomático por el asilo concedido por Argentina a la exministra María de los Ángeles Duarte continúa. El Gobierno de ese país advirtió que “seguirá insistiendo” en esa medida; mientras Ecuador descarta conceder el salvoconducto para que Duarte salga de Ecuador. Duarte fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Rafael Correa y es una de las 20 figuras sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016.
En este caso, la Fiscalía ecuatoriana demostró la existencia de una organización delictiva que montó una estructura paralela a la Presidencia de la República, desde donde se gestionaban y cobraban sobornos a contratistas del Estado.
Con el dinero obtenido de las “propinas” se financiaron actividades del desaparecido movimiento correísta Alianza PAIS. El 7 de septiembre de 2020, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó en última instancia la sentencia contra Duarte y otras 19 personas. En la lista figuran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de alto nivel, como Walter Solís, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Un mes antes de que la sentencia fuera definitiva, en agosto de 2020, Duarte ingresó a la Embajada de Argentina en Quito y no ha salido. Ahora intenta salir del país, amparada en la figura del asilo. Duarte no es la única condenada por el caso Sobornos que ha logrado protección internacional. También lo consiguieron el propio Correa y Solís, en Bélgica y México, respectivamente.
‘El camino de Lula’
Estos asilos han traído un nuevo aliento para las aspiraciones correístas de dar de baja la sentencia del Caso Sobornos. Por ese caso, Correa y los demás condenados perdieron sus derechos políticos de por vida. Es decir, no pueden volver a ser candidatos a ninguna dignidad, ostentar cargos públicos, ni ser contratistas del Estado. Paola Pabón, prefecta de Pichincha y una de las principales dirigentes del correísmo, dijo en una entrevista con radio Sonorama que estos asilos “dan cuenta de que hay un reconocimiento internacional de que esos procesos fueron al margen de la ley y no han cumplido el debido proceso”.
Por esta razón, Pabón anunció que presentarán el caso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) buscando una declaratoria de violación de los derechos de los sentenciados. Según Pabón, es el mismo camino que tomó Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente electo de Brasil. En 2017, un juez condenó a Lula a nueve años de prisión por su presunta participación en dos casos de corrupción. Y, posteriormente, un tribunal extendió la pena a doce años. Sin embargo, la condena fue anulada en 2021 por el Tribunal Supremo de Brasil y, en abril de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que Lula fue víctima de violación a su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos. / Primicias ec
