Rómulo López Sabando
(Expreso)
Con 14 medidas, acciones y 4 ejes el Gobierno intenta reducir su déficit, reestructurar el Estado, lograr equilibrio del sector externo y reactivar la producción.
Eliminarán ministerios, viceministerios y subsecretarías para ahorrar US$ 600 millones. Hasta el 2020 suprimirán 7 de 22 empresas públicas. Tame se mantendrá viva para evaluar qué es más costoso. Se negociará la deuda pública, sobre todo con China. Aumentarán la eficiencia de la administración pública y optimizarán la recaudación de ingresos para el fisco. Esperan recaudar con el SRI y aduanas US$ 1.660 millones.
En el 2019 eliminarán el “cálculo de impuesto mínimo del Anticipo al Impuesto a la Renta”. Con control tributario y arancelario prevén obtener US$ 810 millones. “Racionalizarán” 5 beneficios tributarios de la población con más de US$ 100 mil de ingresos netos por año. Aumentarán aranceles, máximo por un año, para obtener US$ 255 millones para el fisco…
La sustitución de importaciones encarece las importaciones por el aumento de aranceles (salvaguardias). No hay acuerdos comerciales, ni con EE. UU. Reducirán, gradualmente, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), según saldo de la balanza de pagos privada. El sector privado “aportará” al año US$ 1.500 millones para financiar el gasto público que, dicen, se reducirá en mil millones.
No hay lógica económica. Es un plan fiscalista en un gobierno variopinto. El Gobierno insiste en el gasto público y en reducir lentamente la burocracia excesiva. Se olvida del IESS (quebrado) y del Banco Central lleno de “bonos basura”. Debe cambiar su gabinete. Eliminar prebendas y asesores de la Vicepresidencia. Conseguir respaldo en la Asamblea. Nuevos Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Fiscalía con nuevos y diferentes actores que garanticen probidad y seguridad jurídica…
