Thalía Flores y Flores
(El Comercio)
La iconografía con la que la “revolución ciudadana” alimentó el relato de gobierno de manos limpias se ha derrumbado y hoy solo quedan despojos y nombres de altos funcionarios pillados en vergonzosos actos de impudicia y corrupción por los que algunos están siendo procesados, a pesar de que la Justicia, servil al poder, desestimó y archivó graves denuncias.
El informe de la deuda presentado por la Contraloría, que ha determinado indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente Correa, los ex ministros Patricio Rivera y Fausto Herrera, entre otros funcionarios, prueba su menosprecio por las leyes y la democracia.
Veamos: Cuando el porcentaje de la deuda se aproximó al 40% del PIB que permite la ley, a Correa no se le ocurrió otra cosa que emitir el Decreto 1218 para cambiar la fórmula de cálculo y seguir endeudándose… Manipulación de cifras, ocultamiento de información con decretos que clasificaba los documentos como secretos fue el ardid de los sofistas del siglo XXI.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición suspendió los concursos de jueces y fiscales que llevaba adelante el Consejo de la Judicatura. Su presidente, Julio César Trujillo, habló de “concursos mañosos en los que no confía nadie”. La suspensión fue anunciada tras conocer un informe de la Contraloría que señala que “el Consejo de la Judicatura ‘le metió mano’ a la Justicia”…
Iván Espinel, detenido en su domicilio, es la patética prueba del doble discurso. Como candidato a la Presidencia de la República propuso cortar la mano a los corruptos. Como ministro de Inclusión Social no pudo justificar la compra de una casa en Samborondón… Son apenas tres casos pero suficientes para mostrar el verdadero rostro de los “revolucionarios” a los que se les ha caído la máscara.
