Hace pocas semanas se conoció que el principal sospechoso de la muerte de la pequeña Emily, quien es su primo y menor de edad, fue sentenciado a 5 años de reclusión por el homicidio de la niña, sin embargo, ahora se encuentra en libertad, por cuando el pasado agosto de 2020 la Corte Constitucional dio una sentencia en la que estipula que los adolescentes que no tienen una sentencia ejecutoriada no pueden estar más de 90 días internados.
Esto atrajo el interés de los padres de la niña Emily, quienes hace poco conocieron que tanto su abogado como la Fiscalía, no presentaron el recurso de apelación a la sentencia, y fue la Defensoría Pública la que antepuso dicho recurso.
Esto conllevó a que el proceso se alargara, es decir, al no existir una sentencia ejecutoriada, el adolescente salió en libertad porque terminó su periodo de instrucción fiscal.
Manuel Zumba, padre de Emily, con indignación señaló que: “En Ecuador, las leyes no sirven para nada”, porque pese a que ellos lloraban y luchaban para que la muerte de su hija no quede en la impunidad, no valió de nada.
“Ahora él está libre, las lágrimas que derramamos quedaron ahí, ahora el único que se puede encargar es Dios porque las leyes del país no nos han ayudado”, sostuvo.
En cambio, Josely Guamán, madre de Emily, con profunda tristeza dijo que está destrozada por todo esto. “Me duele que la misma familia me cause este dolor tan grande”, citó.
Edwin Javier Daqui, abogado de los padres de Emily, manifestó que no existía la sentencia ejecutoriada, pues solo existía una escrita, y que las partes tenían 3 días para apelar la sentencia y si en ese tiempo no se presentaba el pedido de apelación, la sentencia se ejecutaba y por ende el sospechoso tenía que cumplir la pena de 5 años de internamiento preventivo.
“Pero, como el Defensor Público presentó la apelación, no hubo la sentencia ejecutoriada y la Corte Constitucional es clara que, si no hay una sentencia ejecutoriada, el adolescente infractor debe salir en libertad inmediatamente”, dijo Daqui.
Además, el abogado de los padres de Emily especificó que para que el menor haya salido en libertad, no necesitaba una orden judicial, sino tan solo con la autorización del director del centro de detención de menores, ya que la ley les exige.
“La Fiscalía es el encargado de la investigación de la tapa preprocesal y procesal, pero en este caso no tuvimos el acercamiento con la fiscal”, subrayó.
Ahora solo se espera la nueva fecha de la audiencia de apelación, sin embargo, los padres de Emily si sienten indignados porque consideran que no hay las garantías para que el sospechoso, quien es además su sobrino, se presente ante las autoridades judiciales y cumpla su sentencia.
