El militar señaló que hace 20 años entregó un informe de dos páginas, con las supuestas irregularidades al entonces embajador en Londres y también expresidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén.
En ese documento, dice, se podía constatar que tres jefes de Estado Mayor del Ejército, de la Marina y de la FAE, que acudieron a negociar el reaseguro de las naves militares, en representación del jefe del Comando Conjunto y los jefes de las tres fuerzas, recibieron prebendas y pagos de una empresa inglesa a cargo del contrato que ascendía a los USD 12 millones.
El capitán en servicio pasivo de la Marina, Rogelio Viteri, denunció hace 20 años un supuesto acto de corrupción de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas en la adquisición de reaseguros de aeronaves militares. Él señala que tras este hecho fue objeto, junto con su familia, de persecución y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hoy, su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Desde el 2002, Viteri tiene condición de asilado político en Reino Unido, país que conoce, porque cuando presentó la denuncia se desempeñaba como agregado militar en la embajada de Ecuador en ese país. Todos los detalles fueron recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó en su informe que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, circulación y residencia y protección judicial de Julio Rogelio Viteri Ungaretti.
Asimismo, consideró al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, y circulación y residencia en perjuicio de su esposa, hija, hijo y suegra. La CIDH presentó este caso el 5 de julio del 2021 ante la Corte IDH, que ya solicitó a la defensa de Viteri que entregue por escrito sus argumentos para continuar con el tratamiento del expediente.
La Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito está a cargo de representar al capitán. El abogado Hugo Cahueñas, que pertenece a esa entidad, señaló que tienen hasta finales de septiembre para cumplir con este pedido.
En su informe, la CIDH analizó si las denuncias realizadas por Viteri, en su rol de denunciante de esos hechos de corrupción, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión y si las acciones adoptadas por el Estado estuvieron justificadas o implicaron una restricción desproporcionada a su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, evaluó si el Estado vulneró el derecho a la libertad personal con motivo de la imposición de una sanción disciplinaria; si brindó garantías judiciales y recursos efectivos para la protección de sus derechos; y, finalmente, el efecto que todo ello causó en sus familiares.
