COMERCIO
El jueves 14 de marzo de 2024, el mercado La Merced, uno de los principales mercados de la ciudad, se vio sumido en un ambiente de malestar e incertidumbre. La razón: la llegada de maquinaria y maestros municipales que se dispusieron a derribar los canceles vacantes en su interior.
El caos estalló cuando un grupo de comerciantes se enfrentó a las autoridades municipales, denunciando un posible atropello a sus derechos como vendedores. La inconformidad era palpable, alimentada por la falta de comunicación por parte de las autoridades y el incumplimiento de acuerdos previos.
María Lazo, presidenta de la Asociación de Comerciantes del mercado Mariano Borja La ‘Merced’, fue una de las voces más destacadas en esta disputa. Lamentó la falta de consideración por parte de las autoridades hacia las 80 usuarias que conforman el mercado, señalando que se les había prometido que la demolición de los canceles se llevaría a cabo más tarde en el día, pero las autoridades llegaron sorpresivamente temprano en la mañana, interrumpiendo sus ventas y generando incomodidades.
Por otro lado, Alejandro Ríos Granizo, director de servicios municipales encargado de la obra, defendió la acción argumentando que se había notificado con antelación y que aquellos que protestaban eran quienes hacían mal uso de los canceles vacíos. Afirmó que la demolición era parte de un plan para mejorar la fachada del mercado y que en los próximos días se iniciarían trabajos de remodelación planificados. A pesar de estas explicaciones, las comerciantes no estaban de acuerdo con lo que consideraban actos arbitrarios por parte de las autoridades. Hicieron un llamado al alcalde para que tomara en cuenta sus opiniones y preocupaciones, destacando que el problema no solo afectaba a La Merced, sino también a otros mercados de la ciudad. En medio de la incertidumbre y la tensión, quedaba claro que había una profunda discrepancia entre las autoridades y los comerciantes, con ambos lados defendiendo sus intereses. Mientras tanto, el futuro del mercado La Merced y sus trabajadoras quedaba en suspenso, pendiente de decisiones que afectarían su día a día y su sustento económico.
