SENTENCIA
El robo de hidrocarburos en Ecuador se ha convertido en un problema creciente que impacta tanto a la economía nacional como a la seguridad de las comunidades. La condena de este 11 de febrero, de tres individuos por sustraer combustible de manera ilegal en Ambato ha puesto en evidencia un esquema delictivo que operaba desde hace varios meses y que genera pérdidas millonarias para el Estado.
El delito fue el 28 de abril de 2024, un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió desmantelar una organización dedicada a la sustracción de hidrocarburos en el barrio San José de Pucarumi. Cristóbal Fernando H., Stalin Eduardo O. y Jaime Hernán O. fueron capturados en flagrancia mientras extraían combustible de un poliducto de Petroecuador.
Para ello, perforaban clandestinamente la tubería en una práctica conocida como “pinchazo”, que no solo causa pérdidas económicas, sino que también supone un grave riesgo de explosiones e incendios. Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió allanar el sitio, hallando un camión con diecisiete cisternas, dieciséis de ellas llenas de gasolina extra.
En el lugar, los agentes encontraron una manguera conectada directamente a la perforación del ducto, lo que evidenció el ilícito en flagrancia. Según informaron las autoridades, esta organización delictiva operaba desde hace varios meses y habría desviado una cantidad considerable de combustible para su comercialización ilegal en el mercado negro.
Tras evaluar todas las pruebas, el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua dictaminó una condena de nueve años de prisión para los acusados, además de sanciones económicas y la incautación de los bienes utilizados en el delito. Con la sentencia, las autoridades buscan frenar el robo de combustibles y reforzar el control sobre la infraestructura energética del país.
Petroecuador ha anunciado que implementará nuevas tecnologías de monitoreo y seguridad en sus ductos para prevenir futuros robos y garantizar el abastecimiento seguro de combustibles a la población ecuatoriana.
El proceso judicial contra los implicados estuvo respaldado por pruebas documentales, periciales y testimoniales. Entre ellas, se presentaron informes de la escena del crimen, peritajes de volumetría del combustible y registros de Petroecuador que confirmaban la manipulación ilegal del poliducto Quito-Ambato-Riobamba.
Además, se expusieron grabaciones de vigilancia y testimonios de agentes encubiertos, quienes revelaron detalles sobre la logística y operación de la red delictiva.
