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Las entidades emitieron comunicados para rechazar el traslado de los uniformados policiales asignados a la Fiscalía General. La polémica entre el Gobierno y la Fiscalía General continúa. El sábado 11 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior trasladó a todos los agentes de la Policía asignados al Ministerio Público. Esta medida afectó a 37 policías, incluyendo a los investigadores de casos penales y al equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar.
Por esta razón, la Fiscalía calificó los cambios como una “clara intromisión en la justicia“. La Policía respondió que los traslados son parte de un plan de rotación de personal rutinario, pues se cumplieron los períodos legales.
Pero la controversia no terminó ahí. La mañana del domingo 12 de febrero, la Fiscalía emitió un nuevo comunicado al respecto. La entidad informó el envío de un oficio a Juan Zapata, ministro del Interior, para que deje sin efecto el traslado. La petición abarca los cambios de los investigadores y la cúpula de seguridad, que incluye a cinco miembros del equipo de custodia de Salazar. Para el Ministerio Público, esta decisión “denota una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en zozobra la integridad personal” de Salazar.
En su nuevo comunicado, la Fiscalía explica que, con base en el Código de Entidades de seguridad (Coescop) el traslado del personal sería ilegal. El artículo 137 de esa norma establece que la Fiscalía preside el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses (Seiimlcf). Desde esa posición, la Fiscalía tendría la “cobertura legal para dirigir y coordinar sobre el personal policial técnico-investigativo de las entidades operativas del Sistema, sin estar sujeta a oficiosidades de ningún tipo”. / Primicias ec
