Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de diecisiete años y cuatro meses de pena privativa de libertad, por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, contra dos procesados (entre ellos un extranjero) por el delito de tenencia, envío y comercialización de veinticinco kilos de cocaína, utilizada y distribuida para el microtráfico de drogas. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2019, en Guayaquil.
En la audiencia de juzgamiento del pasado 28 de febrero, cuya sentencia fue notificada este mes de junio (debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el país), el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional, Álvaro Romero Castro, presentó pruebas testimoniales y documentales, entre estas, los testimonios de diez agentes aprehensores, investigadores y peritos químico-forenses.
Además, del acta de pesaje y verificación de la droga incautada, las pruebas de campo y pericias químicas, partes policiales y explotación de llamadas a celulares.
Los jueces Marlon Castro, Carlos Churta y Guedis Cevallos acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y emitieron la sentencia condenatoria para Iván S. M. (ciudadano mexicano), como autor directo, y Gustavo A. C., como coautor del delito de tráfico ilícito de sustancias.
Además, les impusieron una multa de sesenta salarios básicos unificados (24.000 dólares) y la pérdida de los derechos de la ciudadanía hasta que fenezca la pena impuesta.
La Fiscalía del Guayas inició una investigación en marzo del 2019, tras haber recibido información y denuncias reservadas sobre la supuesta entrega y traslado de un cargamento de cocaína. Luego del rastreo de la información, ambos fueron detenidos, cuando embarcaban veinticinco paquetes de droga (25 kilos de cocaína) en un vehículo en Bastión
Popular, en el suroeste de Guayaquil.
En el operativo se incautaron, el alcaloide, documentación y los teléfonos celulares de los
aprehendidos, de los que se obtuvieron información y fotografías del almacenamiento de la
droga y de cómo la acopiaban en el automotor, lo que determinó la participación de los
procesados en el hecho.
Fiscalía procesó a los sentenciados con base en artículo 220, numeral 1, literal d, del Código
Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico ilícito de sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización, con pena privativa de libertad de diez a trece años. A ello
sumó un tercio de la condena impuesta, por las agravantes estipuladas en el artículo 47,
numeral 5, del mismo cuerpo legal.
