Voces en los días del paro nacional

En estos días hasta aquí dos, de violencia, de destrucción, de parálisis, de vandalismo, de miedo, de insultos, pedradas, palos, petardos, bombas lacrimógenas, represión, se han escuchado voces de unos y de otros, voces aisladas, confrontaciones, nada conciliadoras ni dialogantes.   Los unos han sido calificados por los otros como vándalos y violentos, que cierran vías, que cometen actos delictivos. Los otros han sido calificados, de vender patrias, corruptos, traidores, lacayos del FMI, y muchos otros calificativos. Unos y otros son, somos ecuatorianos.  Y unos y otros juran que están luchando por el bien de todos los ciudadanos. Mientras tanto las voces de terceros, de aquellos que no están ni con unos ni con otros, que son los más numerosos, que están sufriendo en carne propia la grave crisis social, económica, de seguridad, de pospandemia, son las voces de los que reconocen el derecho del pueblo a manifestar su inconformidad ante las decisiones gubernamentales, desde luego, dentro de los límites que imponen las normas constitucionales, legales, de tolerancia democrática y de convivencia pacífica. Y estas voces multitudinarias, que no están en las calles, que están trabajando, que están recluidas en sus hogares, que miran con tristeza y llanto tras ventanales, rechazan desde el silencio, los actos vandálicos, repudian el caos, las acciones de violencia, extremismo y represión. Son voces de millones de ecuatorianos que claman por el diálogo pacífico, constructivo y se ponga fin al conflicto y retorne la paz generadora de paz y de progreso; son voces que claman para que no se produzca la destrucción del tejido social y productivo. En democracia, el derecho a la protesta pacífica de todos los sectores sociales, como expresión de organización y participación ciudadana, está consagrado en la Constitución y las leyes. Como también lo está el derecho a trabajar, la libre circulación de los ciudadanos. Cualquier abuso y exceso que lleve a caos, a la destrucción de la propiedad pública y privada, según lo establecido en las leyes de la República, constituye un delito.