EDITORIAL
Guillermo Lasso, al cabo de más de un año, acaba de cumplir, por fin, una de sus ofertas de campaña: la eliminación del examen de ingreso a las universidades estatales a cargo de la SENESYT, implantado por el correísmo en 2011, supuestamente para “democratizar” el proceso de admisión a la universidad. No entendemos por qué se tardó tanto para actuar dentro de la lógica que debe regir el mundo académico, bajo cuya responsabilidad deben estar las carreras, los contenidos programáticos, los procesos de formación de los nuevos profesionales, así como los mecanismos de admisión a la educación superior. Lo contrario sería contravenir lo dispuestos en el Art. 355 de la Constitución vigente que “reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía” que “garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones” y “la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.”
La universidad en sí tiene destinos superiores para edificar, diseñar, abrir caminos en función de originalidades creadoras frente a su misión de construir, de impulsar la ciencia, la cultura, la investigación, para que su trajinar académico siga siendo luz y guía, sugestión y ayuda a la comunidad nacional y regional en medio de intensas jornadas del intelecto, siempre abierta a todas las corrientes de opinión, a todos los grupos humanos con pensamiento libre y progresista, con propuestas innovadoras.
Las instituciones universitarias, bajo un liderazgo firme y bien intencionado con la sinergia de todos los estamentos académicos tienen la ineludible responsabilidad social, cultural, científica, histórica de abrir cauces para la planificación, la investigación, el saber-acción, concebidos y diseñarlos prospectivamente y contemporizándolos con el futuro, siempre en vinculación con la comunidad.
