Wilmer Santa Cruz, representante de la Red de Maestros sostuvo que son cientos de
maestros que se han quedado sin trabajo. “El Gobierno ofreció estabilidad laboral y no lo
cumplió”, expresó. Solicitó que el Ejecutivo revea la decisión y los incluya nuevamente en el
sistema educativo, de no ser así dijo que esto traerá mayor pobreza y miseria.
En otro tema, indicó que no es factible iniciar el año lectivo en la Costa, el próximo 4 de
mayo, afirmó que no hay condiciones ni herramientas necesarias para llevar adelante el teletrabajo. Así mismo, sostuvo que muchas zonas rurales no cuentan con internet lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. Señaló que sería recomendable que el año empiece cuando los indicadores de la pandemia disminuyan.
Los asambleístas, durante sus intervenciones, pidieron al Gobierno sensibilizarse con los docentes desvinculados y plantearon la necesidad de que sean reincorporados a sus labores. Señalaron que separar a los profesores del magisterio no solucionará la crisis económica y reiteraron que las separaciones se hicieron sin previo análisis. Afirmaron que las decisiones políticas deben estar acorde con la realidad y lamentaron la decisión del Ministerio de Finanzas de suprimir nuevas contrataciones en el sector público.
El asambleísta Jimmy Candell poco antes de que concluya la sesión de la mesa, que duró cerca de cinco horas, leyó un comunicado del Departamento de Talento Humano del Ministerio de Educación, en el que se expresaba que hubo un error en la desvinculación de los docentes y que próximamente serían reintegrados a sus labores.
Los parlamentarios solicitaron al Ministerio de Educación datos específicos sobre los despidos, el número de maestros contagiados por el Covid-19 y la cifra de fallecidos.
Andrés Rodríguez, representante de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar) mencionó que la reducción de pensiones en centros educativos particulares los llevaría a la ruina. Manifestó que es necesario analizar la disminución de los porcentajes de acuerdo con la realidad de cada institución.
Rómulo López, represente de Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), sostuvo que rebajar las pensiones en un 50 % representaría la quiebra para estas instituciones que cobran como máximo una pensión de 100 dólares. Puntualizó que esta reducción implicaría dejar sin trabajo a maestros y personal administrativo. Al mismo tiempo dijo que son creadores de fuentes de empleo directo e indirecto (transporte, bar escolar, venta de uniformes, entre otros).
Una vez terminadas sus intervenciones, los legisladores mencionaron que una alternativa sería que la banca pública, BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional otorgue créditos a las instituciones privadas para solventar la crisis.
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