Esta semana, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional presentó el informe que venía levantando desde hace más de un mes sobre la crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana en Ecuador. Dos fenómenos sociales que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso recrudecieron como nunca antes en la historia.
Durante la exposición de la investigación que desarrolló la comisión especializada del Legislativo se concluye que la crisis carcelaria tiene responsabilidad en los funcionarios que estuvieron al frente del sistema penitenciario desde 2016 hasta este año. Que en ese período de tiempo se descuidaron e inobservando políticas institucionales que desembocaron en el actual estado de caos.
Sobre la inseguridad ciudadana no se hace mucha referencia, a pesar de que el aumento de muertes violentas siembra una estadística sin precedentes en los últimos 20 años. Como ya lo hemos dicho, salimos de a poco de una pandemia que no nos dejó lección alguna sobre el respeto a la vida del prójimo.
La presentación de este informe, en los últimos días, abrió un debate a fuego cruzado que puso en una barricada al oficialismo y en la otra barricada a los legisladores y otros sectores políticos y de la opinión pública de la revolución ciudadana. El objetivo era determinar quién tiene menos culpa en esta ola de violencia que nos convierte en noticia mundial, por los asesinatos e inacción del actual gobierno.
Superada esa otra crisis, ya va siendo hora de que el presidente Guillermo Lasso asuma sus responsabilidades. La masacre de la Penitenciaría del Litoral debió encender las alertas en Carondelet. Si no fue así, no se aprendió nada y, posiblemente, lo que es peor, no haya interés de aprender de ninguna lección.
