La actual Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la seguridad ciudadana dice: “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”
¿Al tenor del texto constitucional, es preciso que los ciudadanos y autoridades de control esperen una ordenanza municipal que prohíba la ingesta de alcohol en la vía pública? Se debe seguir esperando ese conjunto de preceptos para el régimen y buen gobierno de una ciudad o prevenir formas de violencia venidas desde los ciudadanos en estado etílico para evitar que se repitan otras tragedias como la ocurrida en el parque Maldonado donde un joven fue apuñalado mientras libaba con otras personas?¿Acaso los ebrios y borrachines que circulan por la calles no constituyen una amenaza para la convivencia pacífica de las personas? .
Y volvemos al texto constitucional: “La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” Si esta responsabilidad de las municipalidades rige desde la expedición de la Carta política de Montecristi 2008, cómo es que hasta la fecha, al cabo de 12 años, aún no se expide la ordenanza correspondiente con la respectiva planificación y aplicación a efectos de evitar la ingesta de alcohol en los parques, calles, avenidas, plazas y espacios públicos? De hecho, un buen número de municipalidades del país han acogido el mandato constitucional, mientras nuestros concejales siguen analizando la propuesta para combatir la violencia que fue presentada por la Gobernación de Chimborazo el año pasado.
La problemática social que representa el consumo de licor en los espacios públicos y la violencia generada bajo sus efectos puede convertirse en un atentado a la seguridad ciudadana, a la convivencia pacífica de las personas, y puede devenir en la comisión de infracciones y delitos. En este contexto, las municipalidades que aún no expiden la respectiva ordenanza están en deuda con la ciudadanía. Tanto más cuanto ha pasado más de una década para hacerlo. ¿Hasta cuándo la ordenanza?
