POLÍTICA
Aunque informes y documentos dan cuenta de que las falencias de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair son irreparables, el mismo Gobierno abrió la posibilidad de recibir las obras oficialmente.
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del 29 de septiembre de 2022 inauguró una nueva polémica para el Gobierno: la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso reciba oficialmente la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a pesar de sus fallas. En la sesión, los legisladores conocieron y debatieron un informe de fiscalización a la construcción y operación de Coca Codo.
El documento proponía como principal recomendación: que el Gobierno no reciba de forma definitiva Coca Codo Sinclair, pues “las fallas y fisuras presentes en la infraestructura de la planta no garantizan la vida útil de la central”. Pero la bancada oficialista mostró que el Gobierno no va por esa línea. En la sesión resolvieron abstenerse de votar a favor del informe y dejaron abierta la posibilidad de que se reciba la central. Esta posición quedó en evidencia en las palabras de la asambleísta Ana Belén Cordero (Creo). “Coca Codo Sinclair abastece el 30% de producción eléctrica del país. No recibir la obra, como se sugiere, devendría en que no tendríamos ese abastecimiento.
El Estado está entre la espada y la pared”, aseguró. La posición del Gobierno dejó sólo al asambleísta Fernando Villavicencio, cercano al Gobierno, pero que no forma parte de su bancada. Y acercó al oficialismo con el correísmo, que defiende la obra por haber sido contratada durante el gobierno de Rafael Correa. Cordero, una de las asambleístas más cercanas al Ejecutivo, incluso cuestionó la facultad de que la Asamblea haya investigado el asunto. Usó el argumento de que hay un arbitraje internacional en marcha, y que habría que esperar a sus resultados. En la misma línea, el también oficialista Marco Troya justificó que el valor de las reparaciones de las fisuras -calculado en unos USD 30 millones- es apenas un 1% del costo total de la hidroeléctrica. “No hay ningún argumento por parte del Gobierno para no aprobar el informe. Todo hace concluir que lo que hay es un acuerdo oculto con el Gobierno de China“, aseguró Villavicencio después de la sesión. / Primicias ec
