Por: Mónica Mancero Acosta
Ya sabemos que en general hay un desencanto por la democracia en el mundo occidental, que todo lo que la democracia ofreció no necesariamente se lo obtuvo, que la representación ha entrado en crisis porque los representantes no expresan los deseos e intereses de sus representados.
En fin, todo esto es una tendencia mundial, sin embargo, el altísimo nivel de indecisión que, según todas las encuestas, tenemos frente a la jornada electoral de este domingo es inédita. Si bien siempre se ha diagnosticado que vivimos en crisis, hoy todos sentimos que estamos por tocar fondo: niveles de violencia y homicidios nunca vistos; policías y militares implicados en delitos de narcotráfico, masacres permanentes en las cárceles; pobreza, desempleo y una falta de servicios básicos como salud y educación; y la cereza del pastel: una red de corrupción que no solo salpica al gobierno, sino que lo tiene enlodado.
En ese marco se presentan unas elecciones inusuales, recargadas, en el que el electorado debe decidir acerca de prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, juntas parroquiales en un escenario en el que los gobiernos locales carecen de recursos, despliegan políticas erráticas y los perfiles de buena parte de los candidatos no alcanzan para gestiones mínimamente decentes; como si fuera poco se añade paralelamente la elección de los consejeros de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ha constituido en la piedra en el zapato de la institucional democrática.
En este perfecto caos, al gobierno del presidente Lasso se le ocurrió, dado su bajísimo nivel de aceptación y credibilidad ciudadana, convocar a una consulta electoral con temas diversos, pero con el objetivo de tener una bocanada de oxígeno político que le permita concluir su mandato.
Para ello lanzó el anzuelo de la seguridad y planteó el tema de la extradición de ecuatorianos para ser juzgados fuera del país, junto con una supuesta protección de naturaleza, más temas de reformas políticas como cercenamiento de la representación en la Asamblea Nacional, cambio en las funciones y en la forma de elección de los miembros del bendito CPCCS, reformas en los movimientos políticos y reforma de la Fiscalía. Es decir, tenemos tres tipos de temas: seguridad, reformas políticas, y reformas ambientales. Las ambientales y algunas de las políticas se podrían hacer cambiando leyes y no necesariamente la Constitución; algunas de las reformas, en mi percepción, violan la Constitución como aquella que quiere cercenar la representación política en la Asamblea, quizás la más peligrosa.
Al leer el resto de las preguntas, excepto la tres que es perversa desde su enunciación, lucen claras y obvias, pero hay anexos y en ellos hay disposiciones y plazos, y esto es un riesgo porque mientras se hace la ley en la Asamblea, los ministerios deben expedir reglamentos y ahí todo podría pasar. La ciudadanía ecuatoriana no es ingenua, se pregunta ¿de cuándo acá se ha vuelto ecologista el gobierno cuando hemos visto la vocación minera desde sus primeros días, así como el lobby y alianzas que tiene con las empresas mineras? ¿de cuándo acá le interesa parar la manipulación de CPPCS cuando hemos visto lo que ha hecho en estos últimos meses al respecto? Parece que abrir la Constitución, abrir el Código de Ambiente, abrir la Ley de la Función Legislativa, la Ley Electoral, entre otras, genera riesgos innecesarios. Como dice la canción “huele a peligro” y eso es porque más del 80 por ciento de ecuatorianos NO le tiene confianza al gobierno del señor Lasso.
