Por: Beatriz Viteri Naranjo
La Constitución del Ecuador consagra los derechos de participación, como: el elegir y ser elegidos; participar en los asuntos de interés público; fiscalizar los actos del poder público, entre otros; lo cual permite a los ciudadanos no solo ejercer su soberanía, sino también crean un marco institucional para que la población pueda influir de manera activa y directa en las decisiones políticas, económicas y sociales del país.
En cualquier democracia, el acto de elegir a las autoridades es uno de los procesos más fundamentales para el futuro del país, ya que, los ciudadanos, al ejercer su derecho al voto, no solo eligen a quienes gobernarán durante un período determinado, sino que también toman la responsabilidad de decidir el rumbo del Estado, sus políticas y su bienestar colectivo. Por ello, la calidad de esas elecciones es fundamental, pues de la elección correcta de las autoridades depende la prevención de la corrupción y el aseguramiento del bien común; por lo que, este proceso requiere un ejercicio de reflexión profunda, discernimiento y un compromiso con los intereses de la sociedad en su conjunto.
Sin duda, uno de los principales obstáculos para el desarrollo y progreso de un país es la corrupción, una práctica que no solo afecta las instituciones políticas y económicas, sino que también deteriora la confianza de la ciudadanía en sus líderes y en el sistema democrático en general. Los casos de corrupción surgen frecuentemente cuando las personas que ocupan cargos públicos no actúan en beneficio de la sociedad, sino que priorizan sus propios intereses, buscando enriquecerse a costa del erario público.
Elegir a las autoridades adecuadas es una forma directa de prevenir este mal, ya que los gobernantes son los responsables de crear un entorno institucional que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por las leyes; por ende, si el pueblo elige a personas comprometidas con estos principios, se reduce la posibilidad de que se desarrolle la corrupción en las instituciones.
La corrupción, además de ser un obstáculo económico, social y moral, genera una profunda desconfianza en los sistemas políticos; cuando las autoridades no son seleccionadas de manera adecuada, cuando se eligen por intereses particulares o por promesas vacías, el resultado es un debilitamiento de las instituciones y una creciente apatía de la ciudadanía hacia el proceso electoral; por ende, si no se eligen bien a las autoridades, la corrupción se perpetúa y el ciclo de desconfianza y desconexión se refuerza, creando una sociedad más vulnerable a la inestabilidad política.
Fomentar la educación cívica es una de las formas más eficaces de garantizar que se elijan a las personas correctas para ocupar cargos públicos; ya que, el proceso de elecciones debe ser entendido por todos los ciudadanos como una oportunidad para tomar decisiones informadas, basadas en méritos, integridad y capacidad de los candidatos, no en promesas populistas o en intereses personales.
Además, el papel de los ciudadanos no termina con el voto; es importante la participación activa en la vida política, mediante la vigilancia del desempeño de los gobernantes, la exigencia de rendición de cuentas y la denuncia de actos de corrupción; por cuanto, el control social es un mecanismo indispensable para asegurar que las autoridades no desvíen su mandato hacia intereses personales.
La correcta elección de autoridades garantiza el bien común, que se logra a través de políticas públicas efectivas, que favorezcan el desarrollo económico, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.