Luis Izurieta Escudero
Después de casi dos décadas de haber iniciado la propuesta de trabajar en torno a la idea de instituir una política pública de inclusión financiera, el nivel de marginación o exclusión de la población al acceso y uso óptimo de productos y servicios bancarios y cooperativos sigue siendo alto.
Las estadísticas muestran que en el Ecuador alrededor de 6 millones de personas están fuera del mercado financiero sin posibilidades de abrir una cuenta corriente o de ahorros, y menos acceder a los créditos y otros servicios financieros que ofrecen las instituciones bancarias y cooperativas. Apenas el 6% de la población ostenta una o dos tarjetas de crédito, reafirmando la elevada exclusión financiera que sobrelleva la ciudadanía.
Una porción de excluidos del sistema financiero, caen en las redes de los denominados chulqueros que -sin temor a las penalizaciones que existen en la Ley- prestan el dinero con tasas de usura extrema, destruyendo los negocios y la capacidad de crecimiento de las familias.
En medio de esta elevada exclusión, la bancarización en el Ecuador crece apreciablemente, sustentado en cuatro escenarios: 1- incesantes estrategias de mercadeo y publicidad, 2- modernización tecnológica y ampliación de la cobertura de servicios, 3- comportamiento de la economía, y, 4- ingresos monetarios de las familias, sus negocios y realidades patrimoniales.
La bancarización básicamente mide el número de depositantes que registra la industria financiera en relación con la población. Los bancos privados durante el 2005 y el 2017, duplicaron los depositantes del 25% al 51%. Si sumamos los depósitos de ahorro en las cooperativas, la bancarización neta del sistema bancario y cooperativo ascendería al 64% de la población.
La sostenibilidad del nivel de inclusión financiera alcanzado dependerá del crecimiento de la economía, del desenvolvimiento de los negocios y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sin tapar la necesidad imprescindible de reducir las tasas de interés que para algunos créditos son excesivos, superan el 20% y 28%.
En este proceso de bancarización, el desarrollo de las microfinanzas y los microcréditos han jugado un rol muy importante para incorporarlos como sujetos activos del sistema financiero.
Aún quedan 6 millones de ciudadanos en la ribera, descalificados por el sistema financiero, excluidos y condicionados por el desempleo y la pobreza. La bancarización, o, en sentido más amplio, la inclusión financiera no será factible fortalecerla mientras no mejore el nivel de empleo y subempleo, y se reduzca la pobreza en el país.
Cuatrocientos mil desempleados, dos millones de subempleados y dos millones de pobres cierran las puertas a la inclusión financiera. En este contexto, la búsqueda de construir la política pública de inclusión financiera debe integrar y orientar las políticas económicas que el gobierno ha formulado en el programa económico.
Llevando a cuestas estos problemas estructurales, los actores de las buenas intenciones y buenos oficios para educar financieramente a la población, organizar comunidades, cajas de ahorro, bancos comunales, etc., no pueden parar el proyecto de inclusión financiera, convencidos que todos tienen derecho a acceder, usar los servicios financieros con justas regulaciones, mejor educación y protección, y con bajas tasas de interés.
