POLÍTICA.
El futuro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está en manos de los jueces de la Corte Constitucional (CC). Después de la primera deliberación, la balanza se inclina hacia su aprobación. En caso de que el presidente Guillermo Lasso sea enjuiciado políticamente, podría adelantarse al veredicto de la Asamblea Nacional y decretar una muerte cruzada. Sin embargo, esto no le garantiza que mantendrá el poder hasta que haya elecciones anticipadas.
El Legislativo calificó la petición de los asambleístas que respaldan el proceso y remitió el expediente a la Corte Constitucional (CC), que está tramitando la petición. Los criterios sobre si la Corte debe o no admitir a trámite el enjuiciamiento varían. Hay asambleístas y juristas que opinan que es improcedente, por el contenido del informe y las acusaciones. Hay otros que plantean que sí es posible. Sorpresivamente, el proceso en la Corte ha sido expedito. Los magistrados llevaron a cabo una primera votación, este 27 de marzo, sobre el proyecto de sentencia planteado por la jueza Teresa Nuques, pero no hubo los votos necesarios.
Extraoficialmente, se conoció que se trataba de una moción en contra del juicio político. Después de un nuevo sorteo, el juez Richard Ortiz deberá plantear un nuevo proyecto de sentencia. Para su admisión se requieren seis de los nueve votos. Si la petición no pasa el filtro constitucional, la Asamblea recibirá un ‘golpe’ político. Pero, en caso de aprobarse, el presidente Lasso y su equipo deberán preparar su defensa, dentro de un proceso que tomará alrededor de un mes. Aunque, el Ejecutivo tiene un ‘as’ constitucional bajo la manga: la muerte cruzada.
Los escenarios para una muerte cruzada. El presidente Lasso puede adelantarse y disolver la Asamblea, con lo que se conoce como una muerte cruzada. La Constitución establece tres causales para ello: Si se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. O por grave crisis política y conmoción interna. Solo en el primer caso, como lo establece la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se requiere un dictamen constitucional, que deberá ser aprobado con el voto de las dos terceras partes de los magistrados. Entonces, procedería la disolución. No así en los otros dos casos.
El presidente Lasso tiene la ventaja legal y puede disolver a la Legislatura antes de que lo destituyan. En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría un plazo máximo de siete días para convocar a elecciones generales para el resto del período vigente. Y las votaciones deberán realizarse “en un plazo menor a noventa días”. Durante esos tres meses y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Lasso, previo dictamen favorable de la Corte, podrá gobernar a través de decretos-leyes de urgencia económica. En ese escenario, el Mandatario optaría por buscar la reelección para lo que resta del periodo. Y sería reemplazado solo si es derrotado en las urnas. El escenario en el Legislativo Así como el Ejecutivo considera que no hay argumentos que sostengan su enjuiciamiento político, / Primicias ec
