La Contraloría solicitó el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE), sobre la procedencia o no de entregar a los asambleístas información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes con Indicios de Responsabilidad Penal, como resultado de los exámenes especiales practicados por este ente de control.
El organismo dio a conocer esta decisión este lunes 6 de septiembre de 2021, después de que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), reclamara información sobre cuáles de estos expedientes están en firmes o en proceso contra una treintena de asambleístas.
Villavicencio acusó al titular de la Contraloría, Carlos Riofrío, de “encubrir presuntas acciones de corrupción”, algo que rechazó el funcionario con el argumento de que esta entidad “realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”.
La Contraloría aseguró que “inmediatamente después del pronunciamiento de Procuraduría, se le responderá respecto a la información solicitada” por el asambleísta Villavicencio.
Para la Contraloría, apuntó, “los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control, están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan”.
