La disputa entre Saquicela y Murillo complica más a una justicia en crisis

Mientras esa respuesta llega, la crisis en la justicia se ahonda. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), las dos entidades más importantes de la Función Judicial ecuatoriana, están funcionando sin presidente titular. Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, actúa Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. En tanto que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue suspendido por 90 días y lo reemplaza Katherine Muñoz. Oficialmente, la suspensión de Saquicela se debe a dos denuncias por supuesta negligencia manifiesta. Sin embargo, la sanción coincide en tiempos con la polémica alrededor del nombramiento del reemplazo de Maldonado en la Judicatura. Maldonado renunció en febrero y semanas después, Saquicela envió una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que se eligiera a su remplazo. Desde la presentación de esa terna, transcurrieron más de 80 días y el Cpccs no avanzó en la designación. Ante eso, Saquicela retiro la terna y denunció públicamente un intento de “meterle las manos a la justicia”. Dos días después de esa declaración, la Judicatura pidió a la Corte Nacional que reintegre a Saquicela a una sala, es decir, que deje de actuar exclusivamente como presidente. Un día más tarde lo suspendió tomando como base dos denuncias. Sin embargo, Murillo descarta que el pedido y la sanción sean parte de una disputa. Aduce que se está aplicando el régimen disciplinario como con cualquier otro funcionario judicial. “Que no se pierda nadie, todos estamos sujetos de la ley y somos responsables de nuestras acciones y omisiones“, aseguró el funcionario. Esta polémica llega en un momento en el que la justicia atraviesa una situación complicada y suma varios pendientes. El CJ, por ejemplo, tiene en sus manos dos concursos cruciales para la Función Judicial: la selección de jueces anticorrupción y de magistrados de la Corte Nacional. Además, la Fiscalía tiene un déficit de más de 500 agentes, la modernización judicial no se concreta, las fiscalías provinciales están encargadas desde hace tres años, entre otros.