El proceso de transición entre las autoridades de elección popular salientes y entrantes a nivel nacional debe realizarse en forma civilizada como demandan los procesos democráticos, facilitando la información parar llevar a cabo una transición transparente. Lamentablemente, ciertos prefectos y alcaldes salientes, no tienen esa predisposición y voluntad política para hacerlo, por lo que los 23 prefectos y los 221 alcaldes, a excepción de los reelectos, solo cuando entren en funciones, podrán acceder a toda la información para iniciar con pie derecho su administración.
Aspectos normativos y herramientas para una óptima gestión administrativa, sobre todo en los primeros 100 días de arranque, a partir del 14 de mayo, fecha en que las nuevas autoridades se instalarán en sus respectivos territorios de los gobiernos provinciales y cantonales para quienes es vital conocer el presupuesto con el que cuentan, el talento humano que tienen para poder empezar su administración, al igual que el estado de contratos y convenios, entre otros aspectos relevantes.
Chimborazo, luego de los resultados electorales del 14 de este mes, ya tiene el equipo que dirigirá la marcha de la provincia hacia el progreso, estancamiento o retroceso. Son los líderes cantonales y un líder provincial que por mandato del pueblo, se encuentran en el pináculo del poder político-administrativo de su respectiva jurisdicción. Llegaron con una propuesta de trabajo, un plan de acción y tienen la obligación de cumplir desde el civismo, la seriedad democrática y sobre todo, con honestidad a toda prueba en esta etapa de la vida republicana signada por la corrupción campante en todos los niveles.
Más allá de los bajos porcentajes alcanzados en las elecciones , sería altamente positivo y patriótico que los concejales electos, sin renunciar a sus convicciones ideológico-políticas se dediquen a fiscalizar con seriedad y alta dosis de responsabilidad cívica y sin aferrarse a posiciones partidistas que perjudican a la ciudad, más bien se sumen a un accionar positivo al servicio de la población en función de los reales intereses de cada cantón, en el marco de la transparencia y las leyes pertinentes.
