Con Decreto Ejecutivo de fecha 2018, el expresidente Lenín Moreno disolvió el Ministerio de Justicia y creó la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para el control de las cárceles, ambas entidades dependientes directamente del Gobierno Nacional. Al menos eso dice el documento oficial, que parece no ha sido socializado aún con los funcionarios del actual régimen.
En reiteradas ocasiones, Alexandra Vela, ministra de Gobierno, ha sostenido que quien debe responder por la crisis carcelaria es el SNAI, porque la responsabilidad no es más que de esa entidad, ineficiente por excelencia, dicho sea de paso. Una institución que, ante las matanzas registradas en los centros penitenciarios de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, hasta ahora, no precisa el número de privados de libertad masacrados, porque ni registro de los vivos hay, menos de los que han muerto. Entidad que en la actualidad no ha llegado a comprender que el sistema atraviesa una crisis, una declaratoria de emergencia y estado de excepción.
Hablar del SNAI y de incompatibilidad con la realidad tomaría muchos días y hojas.
Lo que se entiende es que la institución, al ser parte del directorio técnico consagrado en la Constitución y al integrar el gabinete de ministerios, secretarías y direcciones de Estado, tiene la obligación de generar un sistema de información homogéneo y que responda a las exigencias del Gobierno y a los cuestionamientos de la opinión pública. Es hasta absurdo creer que la crisis carcelaria y el flujo de comunicación deben llevarse de forma aislada. ¿O quizá los ya mismo seis meses aún no son suficientes para saber cuáles son sus competencias?
