Por: Milica Pandzic
Desde la noche del 8 de diciembre, Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 años, se encuentran desaparecidos. Lo poco que se sabe de esa noche es que militares, entre golpes, se los llevaron, tal como se ha podido ver en videos captados por cámaras de videovigilancia.
Ante el silencio y la falta de respuesta del Estado, ha sido la sociedad civil, especialmente los defensores y las organizaciones de Derechos Humanos, los que no han dejado que este caso se olvide fácilmente, y quienes han acompañado y apoyado a los padres y familiares en la búsqueda de #LosCuatrodeGuayaquilEcuador.
Aunque al momento de escribir esta columna, los menores siguen desaparecidos, y todavía no ha sido posible determinar dónde están o qué sucedió; por un lado, la Fiscalía ya ha solicitado fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación en su desaparición forzada, y por otro, el Gobierno torpemente ha intentado posicionar narrativas contradictorias sobre los menores, unas de desprestigio y otras de heroicidad, sin poder dar respuestas claras o contundentes sobre las acciones que se han tomado de su parte para esclarecer los hechos.
El Gobierno no solo debe dar respuestas sobre Josué, Ismael, Saúl y Steven, sino también sobre las medidas que están implementando para que la militarización del país no desemboque en violaciones de derechos humanos. De comprobarse la responsabilidad del Estado, este caso se sumaría a la alarmante lista de abusos y violaciones de derechos humanos, tanto comprobados como en investigación que han sucedido desde el inicio de la declaratoria del ”conflicto armado interno”: 15 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 80 casos de presuntas torturas y más de 200 casos de extralimitación en el uso de la fuerza, según lo ha informado Human Rights Watch (HRW). Es inaceptable que el Estado ecuatoriano se convierta en victimario de los ecuatorianos que se supone debe proteger.
