Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) en el parámetro “Puntaje para postulación a la educación superior”, en el período 2016-2017, de 200 colegios analizados a nivel nacional (Vistazo Nº 1218) solo un 10 por ciento es fiscal, el resto (90 %) corresponde a instituciones particulares, fiscomisionales y municipales. La prueba Ser Bachiller la rindieron 265 mil estudiantes del tercero de bachillerato en 3.376 colegios del país. Al parecer, la recomendación que hacía el expresidente Correa en 2016, en Guayaquil, no ha funcionado: “Que nadie busque una buena educación en los colegios caros…No somos inferiores a nadie y queremos llegar a ser los mejores del mundo”… Soñar no cuesta nada.
En lo que respecta a Chimborazo, 9 unidades educativas figuran entre 200 a nivel nacional. Encabeza el “Jéfferson” en un honroso 12º lugar entre los 200 mejores del Ecuador, seguido muy de lejos por el fiscomisional Santa Marian de Jesús (74) y el privado Nazareno (75). Entre los colegios de Chimborazo, en 4º lugar se ubica el Pensionado Olivo (82 a nivel nacional), seguido del San Felipe (109), María Auxiliadora (127) Salesiano Santo Tomás Apóstol (191). Apenas dos colegios públicos de Riobamba figuran en este ranking, útil para establecer criterios de valoración: el colegio Nacional Chambo (142) y el Combatientes de Tapi (157).
Al tenor de estos datos, es evidente el retroceso de la educación fiscal, frente a las otras propuestas, tema que el Ministerio del Ramo debiera aclarar, tanto más cuanto la inversión en el sector ha sido significativa, pero que, al parecer no ha incidido en la calidad y calidez educativas, tan publicitadas en la década anterior, al igual que las escuelas del milenio. (19)
¿ A qué obedece la ”caída” de los colegios fiscales? El Ministerio de Educación informaba, a finales del 2017, que el 70 % de directivos de planteles educativos fiscales, es decir 4.174 de 5.936, no cumplían con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); prácticas ilegales que devinieron en ingresos sin concurso, masiva incorporación al magisterio de no profesionales de la educación, contratos provisionales, compadrazgos, prebendas políticas, pago de favores, etc., en definitiva, ausencia de verdaderos docentes. Esto, como era de esperarse, tuvo (tiene) un impacto negativo en la educación pública y, en muchos casos, atentó contra los escolares y los procesos educativos. Mucho más, si la figura del docente fiscal quedó, minimizada, vilipendiada y, por sus legítimas convicciones ideológico- políticas, fue calificada desde el poder de “tira piedras”, “desadaptados”.
