GESTIÓN
Después de cuatro años de insistir en que los estados de excepción no sirven para enfrentar la crisis de inseguridad, la Corte Constitucional (CC) decidió tomar medidas drásticas y crear una comisión de instituciones públicas, a la que vigilará en el cumplimiento de sus tareas.
En su último dictamen, los jueces reprendieron duramente al Ejecutivo, ahora en manos del presidente Daniel Noboa, por su insistencia en decretar estados de excepción, pese a las constantes advertencias de que la medida no se justifica.
También reprocharon a la Asamblea Nacional, por haber “inobservado su deber de desarrollar la legislación que regule los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional”, de acuerdo con lo decidido en el referendo de abril de 2024.
La Corte, además, reclamó al Legislativo por haber ignorado todos los exhortos realizados para que, en ejercicio de sus funciones, “haya presentado o tramitado leyes para la lucha contra el crimen organizado, ni ninguna otra destinada a abordar de manera estructural este problema”.
En la mira de la CC también están la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. La primera no ha implementado medidas para contrarrestar “las demoras, dificultades y filtraciones que produce la necesidad de obtener una orden judicial para efectuar allanamientos”.
Y la segunda, según los jueces constitucionales, no ha demostrado resultados en su labor de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los derechos y garantías ciudadanos durante los estados de excepción.
