Se aplicará mayor celeridad en procesos judiciales

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El Consejo de la Judicatura aprobó el procedimiento para dar mayor celeridad a la emisión de boletas de libertad y beneficios penitenciarios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó nuevas directrices para la concesión ágil y oportuna de beneficios penitenciarios.

El objetivo es precautelar la vida y la salud de las personas privadas de libertad (PPL), así como garantizar sus derechos constitucionales y legales.

Al pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, las y los jueces de garantías penitenciarías, resolverán estos trámites sin necesidad de convocar a audiencia. Sin embargo, si lo consideran necesario, podrán hacerlo mediante videoaudiencias.

El procedimiento aprobado se aplicará para los casos relacionados con adolescentes infractores y determina que las solicitudes de emisión de boletas de libertad por cumplimiento de pena, se presentarán por los centros de privación de libertad, la Defensoría Pública o los defensores privados.

Las direcciones provinciales del CJ establecerán los mecanismos correspondientes para la recepción de dichas solicitudes.

En las unidades judiciales, digitalizará la solicitud con los documentos anexos y se remitirá por correo electrónico institucional a la o el juzgador sorteado.

Con base en la documentación recibida, la o el juez podrá resolver mediante correo electrónico institucional. En caso de que la información sea insuficiente, devolverá la petición al requirente.

Una vez resuelta la solicitud, la o el juez elaborará la boleta de libertad.

Eso sí de acuerdo al formato previsto en el Plan de Contingencia del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

La firmará electrónicamente y la enviará a los correos electrónicos de los centros de privación de libertad, de acuerdo con el listado proporcionado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Un procedimiento similar se aplicará con las solicitudes emitidas por los centros de privación de libertad para el cambio de regímenes u otros beneficios penitenciarios.

La decisión del CJ se adoptó en estricto apego al principio de independencia judicial y respeto a las decisiones jurisdiccionales.

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