En apego a la política de austeridad del Gobierno Nacional, el presidente de la República, Lenin Moreno, suscribió los Decretos Ejecutivos correspondientes para liquidar ocho empresas públicas y suprimir dos entidades. De esta forma, se logrará mayor eficiencia en la gestión y queda demostrado que los esfuerzos, ante la crisis que vive el país, empiezan por el sector público.
Para cumplir con este propósito, mediante el Decreto Ejecutivo N° 1051, el Jefe de Estado dispuso la reorganización de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). La entidad estará encargada de brindar el apoyo y soporte técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en proceso de liquidación.
En consecuencia, el Primer Mandatario firmó los Decretos N° 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 y 1062. Con ellos dispuso la liquidación de las siguientes empresas públicas: Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Correos del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), respectivamente.
Para el cumplimiento de los mandatos se dispone que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) coordine las acciones necesarias para que el proceso se cumpla en -máximo- 180 días, una vez designado el liquidador. En el caso particular de TAME, el plazo para realizar el proceso de liquidación será de hasta 210 días.
Además, a través de los Decretos Ejecutivos N° 1063 y N° 1064 se suprimen el Servicio de
Contratación de Obras (Secob), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
(Inmobiliar) y su comité. Una vez concluido el proceso de eliminación de las dos entidades,
todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones serán
asumidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
El proceso deberá culminar en no más de 90 días. Estas y otras acciones necesarias para el
país, permitirán un recorte de aproximadamente USD 4.000 millones del gasto público. Con
ello, el Gobierno Nacional ajusta el presupuesto, postergando lo que no sea necesario y
precautelando lo esencial: salud, educación, seguridad y protección social.
