SENTENCIA.-
El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua dictó sentencia condenatoria para dos individuos involucrados en un caso de extorsión ocurrido en abril de este año. Jonathan Francisco B. A. fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión como autor directo del delito, mientras que Ernesto Fabián O. M., quien actuó como cómplice, recibió una pena de tres años de privación de libertad.
El juicio, llevado a cabo por la Fiscalía, reveló los detalles de un caso en el que una mujer fue víctima de amenazas y extorsión a través de llamadas y mensajes por WhatsApp. La víctima fue exigida a pagar la suma de 2.500 dólares por una supuesta deuda de su hijo.
Los sentenciados utilizaron una serie de amenazas, incluyendo el lanzamiento de bombas molotov contra la vivienda de la mujer y la colocación de un panfleto en el que se autodenominaban miembros del grupo delictivo “Los Lobos”. Temerosa por su seguridad, la mujer accedió a entregar una parte del dinero solicitado frente a una cooperativa de ahorro y crédito. Sin embargo, antes de completar la entrega, la víctima logró alertar a la Policía, que actuó rápidamente y capturó a los dos involucrados en flagrancia.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó pruebas sólidas que demostraron la participación de los imputados en el delito. Entre las pruebas se incluyeron testimonios de la víctima y su conviviente, informes periciales psicológicos, reconocimiento del lugar de los hechos, análisis de evidencias y transcripción de conversaciones obtenidas de los teléfonos de los involucrados, entre otros elementos clave que reforzaron la acusación.
La condena para Jonathan Francisco B. A. fue agravada por la participación de dos o más personas en la comisión del delito, según lo establecido en el artículo 47, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de extorsión en su artículo 185. En este caso, además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso que ambos sentenciados deberán pagar una multa de 9.200 dólares, así como una reparación integral de 500 dólares a favor de la víctima.
